Los ministros en la mira, la Ley anti-azotes de Sturzenegger y el nuevo plan de 1.500 bajas en el Estado
El Gabinete de Javier Milei sufrió dos importantes cambios en lo que va de su mandato. El primero fue el desplazamiento de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura y la segunda fue el despido de Nicolás Posse y su posterior reemplazo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. ¿Es esperable un tercer capítulo? Altas fuentes de Casa Rosada lo descartan: o al menos parece que no será en el corto plazo.
"Hay historias que se van a ir terminando", presagia un funcionario de peso que conoce como pocos al Presidente, sin hacer mención particular de un ministro o secretario de la gestión. Hay integrantes del Gabinete a los que el Presidente mantuvo pese a cualquier circunstancia -como lo son Sandra Pettovello (Capital Humano) o Luis Caputo (Economía)- y hay otros a los que la evaluación de objetivos puede pesarles algo más.
Tal y como lo contó El Cronista meses atrás, en el Gabinete se sabe que hay ministros que estarán por un tiempo determinado... o que al menos así se había pactado antes de que asumieran en el cargo.
"Luis [Caputo] no agarraba este quilombo ni en pedo. Le dijo a Milei 'asumo si me bancás en todas; cuando resuelva esto nos despedís por la puerta grande'", confiesa un libertario de pura cepa. ¿Puede ser que Caputo ahora esté reviendo esa posibilidad y vea con buenos ojos quedarse si sale todo bien? Hay quienes abonan esto último.
Hay otros casos en los que la épica podría ser menor. No se prevén cambios en el corto plazo, pero la cúpula mileista le fue soltando la mano poco a poco a la canciller Diana Mondino. "Javier no le perdona lo del Centro Islámico. El vínculo decayó con eso y creo que por eso Karina le comenzó a intervenir partes de la gestión", indica un incondicional del Presidente.
Según relatan desde ese círculo, en junio Milei le había dicho que no tenía problema de asistir a un encuentro interreligioso en ese centro ubicado en el barrio de Palermo. Alineado a Israel, pidió como única condición era que no hubiera nadie vinculado a Palestina. Ese día se enteró a dos cuadras del mitin que finalmente estaba el encargado de negocios de la Embajada de Palestina, Alhalabi M. A. Riyad.
La caída en las acciones de Mondino es un caso particular que no se traduce a todo el Gabinete. Mientras que la canciller fue elegida para un largo plazo, hay otros a los que la cúpula libertaria les colocó un funcionario inferior afín para auditarles la gestión. Hay un integrante de las reuniones de ministros que suele aprovechar diferentes encuentros privados para hacer catarsis sobre la quita progresiva de facultades que le fueron haciendo. En Gobierno lo miran como alguien que en algún momento "cumplirá un ciclo".
Son temas que el Presidente mira. Pero la disposición de poder interno no es lo que más le interese. "A Javier le chupa un huevo la rosca política", afirman varias personas que lo conocen a fondo y se mimetizan con el tono del mandatario. Enfocado principalmente a asuntos vinculados a la macroeconomía; Karina Milei y Santiago Caputo son quienes hacen las veces de auditores de la gestión. La secretaria general pide informes de gestión a dependencias de otros ministerios en los que está particularmente interesada; mientras que el asesor presidencial se ve a sí mismo como el operador político del Gobierno, tanto hacia afuera como hacia adentro.
La Ley Hojarasca y la centenaria norma que quiere derogar
La Cámara de Diputados se prepara para una oleada de proyectos a debatir en los próximos meses. La idea del Gobierno es promulgar el mayor número de leyes para antes de que comience el próximo año, en el que la actividad parlamentaria bajará por la temporada de elecciones legislativas.
Según comentó en reserva una alta fuente, la Ley Hojarasca sería una de las primeras que se enviaría a Diputados: "Se debería enviar la próxima semana y esperamos que se trate rápido, no creo que genere muchas disidencias". Se trata del proyecto diseñado por Federico Sturzenegger y sus asesores, que busca eliminar cerca de 100 leyes "inútiles", según explicó el ministro en diversas ocasiones.
El texto completo del proyecto todavía es un misterio, pero varios dirigentes libertarios ya tuvieron acceso al mismo. Uno de ellos dijo haberse sorprendido al ver entre las derogaciones a una norma centenaria: se trata de la Ley 94 de Prohibición de Azotes, sancionada durante la presidencia de Bartolomé Mitre en 1864.
"Todo el que ejerciendo autoridad civil o militar hiciese azotar algún individuo de cualquier clase o condición que fuere, será declarado inhábil para ejercer ningún empleo nacional durante diez años, sin perjuicio de las acciones a que diere lugar la gravedad del hecho", reza su artículo principal.
Los nuevos planes del Gobierno con los Medios Públicos
La administración libertaria prepara la segunda fase de su plan de recortes luego de haber cerrado Télam y haberla transformado en Agencia de Publicidad del Estado (APE S.A.U.), con la misión de que funcione únicamente como una agencia de publicidad.
Según pudo saber El Cronista, la intervención espera que una parte de los periodistas que trabajaban en Télam y que fueron reabsorbidos por RTA se adhieran a un nuevo plan de retiros voluntarios. La idea que barajan las autoridades es tenerlos dentro de las áreas de producción de contenidos informativos y artísticos, generando productos con una perspectiva federal para todos los medios públicos. Incluso, una de las posibilidades que se barajaban es que esta nueva unidad se llame Contenidos Audiovisuales.
Para la parte informativa se generarán acuerdos con la red federal de canales, aprovechándose la capilaridad territorial de Radio Nacional; mientras que, para los contenidos artísticos, los mismos serán realizados mediante coproducciones con empresas privadas y aprovechando la estructura de la TV Pública.
El subsecretario de Comunicación y Vocería Presidencial, Manuel Adorni, habría consensuado con el interventor de los Medios Públicos, Eduardo González, abrir los retiros voluntarios para RTA y Contenidos Públicos, que tienen 2600 y 600 empleados, respectivamente. La idea del Gobierno es bajar a la mitad la dotación en ambas compañías.