Operación Cóndor: Corte Suprema da luz verde a extradición a Italia de tres militares chilenos
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema acogió la solicitud de la justicia italiana y otorgó la extradición de tres exmilitares chilenos, condenados a cadena perpetua en dicho país, por su responsabilidad en las torturas, desaparición y ejecución de ciudadanos ítalo-chilenos, en el marco del Plan Cóndor, en la década de los 70.
De esta manera, el máximo tribunal dio luz verde para que los exagentes Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuán puedan cumplir la pena de prisión perpetua impuesta por el homicidio de Omar Roberto Venturelli Leonelli (31), exsacerdote y militante del MIR, detenido el 25 de septiembre de 1973.
En el caso de Pedro Espinoza Bravo se aprobó su extradición como responsable del homicidio de Juan Bosco Maino Canales (27) militante del MAPU, estudiante y detenido el 26 de mayo de 1976. Y se le rechazó dicho procedimiento por el crimen de Jaime Donato Avendaño (41) miembro del Comité Central del Partido Comunista, mecánico electricista, detenido el 05 de mayo de 1976 porque ya fue condenado en Chile por los mismos hechos.
Los requeridos registran procesos pendientes en nuestro país, por lo que se dará lugar a la entrega diferida, es decir, la extradición no los eximirá de las responsabilidades penales que ellos tengan en Chile. Además, se mantendrán las medidas cautelares de arraigo nacional respecto de los condenados, y las medidas cautelares personales de arresto domiciliario total respecto de Manuel Vásquez Chahuán, quien fue condenado en junio pasado en otra causa. En tanto, Moreno Vásquez y Espinoza Bravo se encuentran actualmente cumpliendo condena por distintos procesos en el penal de Punta Peuco.
Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, quien es parte del proceso de extradición en representación de la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las víctimas ítalo/chilena, “esta es una decisión importantísima de la Sala Penal de la Corte Suprema, porque reafirma la universalidad de los derechos humanos, al conceder la extradición por crímenes de lesa humanidad”.
Bustos agrega que “En el siglo XX hubo sentencias que denegaron la extradición de criminales, como Walter Rauff, que hasta el día de hoy son objeto de reproche especializado por ignorar los mandatos del Derecho Internacional, permitiendo una situación de impunidad. En este caso, la Sala Penal, ratifica una línea de trabajo histórica favorable a la cooperación internacional contra la impunidad, que será objeto de elogiosos comentarios en Chile y en el mundo entero”, sentenció.
Luego de la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, se iniciaron diversos juicios en países de Europa y solicitudes de extradición dirigidas hacia Reino Unido. Uno de ellos, fue sustanciado en Roma y tuvo por objeto investigar el Plan Cóndor y otros episodios de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra víctimas italianas en países como Chile, Brasil y Uruguay.
Fue así que después de 20 años la Corte Suprema italiana emitió un fallo en el cual condenó a cadena perpetua a 24 genocidas latinoamericanos implicados en dicha Operación y con ello se inició el proceso de extradición. Entre los condenados chilenos y requeridos por la justicia de Italia se encuentran: Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán, Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, Rafael Francisco Ahumada Valderrama y Pedro Octavio Espinoza Bravo.
De estos requeridos, se sobreseyó por demencia a Ahumada Valderrama, y fallecieron Carlos Luca, en julio de 2022 y Daniel Aguirre, en julio de 2023.
Una vez solicitada la extradición por parte de Italia, la Corte Suprema chilena designó a la ministra Ángela Vivanco para que revise dicha solicitud, quien emitió fallo de primera instancia en diciembre de 2023, aprobando la extradición de los requeridos, sentencia que fue ratificada en todas sus partes por la Segunda Sala Penal del máximo tribunal.
Cabe recordar que la Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un proyecto de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70