El Ayuntamiento de València busca una solución jurídica para miles de apartamentos turísticos previos a la ley de 2018

En mayo de 2018 entró en vigor la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana. Entre otras muchas cosas, la normativa autonómica vino a endurecer las medidas para poder dar de alta un apartamento turístico en el registro de la Agencia Valenciana de Turismo, requisito imprescindible para alquilarlo por días de forma legal.

En virtud de la normativa y desde su entrada en vigor, se empezó a exigir a los propietarios o empresarios del sector un informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento correspondiente por el cual quedaba garantizado que la vivienda cumplía con lo exigido en el Plan General de cada municipio para poder darle un uso turístico.

En el caso de València, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del año 1988, marca que tan solo se puede dar un uso terciario a los inmuebles ubicados en plantas bajas o primeros pisos (salvo el caso de edificios completos), por lo que desde 2018 todos los apartamentos turísticos legalizados deben cumplir con este requisito.

El problema es que hasta la entrada en vigor de esta normativa muchos apartamentos turísticos dados de alta en el registro de Turismo no cumplen con lo establecido en el PGOU al estar diseminados en el resto de plantas de edificios residenciales, por lo que actualmente se encuentran fuera de la legalidad, habiendo casos incluso de órdenes de cierre a pesar de tener número de registro.

Según la documentación recabada por elDiario.es, hasta 2018 había 4.215 apartamentos turísticos registrados en la Agencia Valenciana de Turismo, pero sin la compatibilidad urbanística del Consistorio, puesto que no era preceptiva. Esto no significa que todos ellos estén actualmente fuera de la legalidad, ya que algunos ocupan bloques enteros de fincas y por lo tanto habrían podido obtener la compatibilidad, pero sí una gran parte de ellos estarían en esta situación.

Este tema salió en la última Comisión de Urbanismo municipal celebrada el pasado 19 de junio a preguntas de los concejales de la oposición tras revelar elDiario.es que el PP prometió a la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) una suerte de 'amnistía' para regularizar estos alojamientos.

Según fuentes consultadas por este diario, el concejal de urbanismo, Juan Giner, comentó que efectivamente estos apartamentos estarían en una situación de “alegalidad” y que aunque aún no han tomado aún una decisión al respecto, sí que deslizó que alguna solución tendrán que darles.

Como informó este diario, los empresarios del sector se sienten señalados y por este motivo en la asamblea aprobaron generar un aluvión de denuncias, tanto anónimas como desde la la propia asociación, hasta el punto de colapsar el servicio de inspección con el objetivo de paralizar o al menos frenar los cierres y las sanciones sobre apartamentos turísticos, pero sobre todo para poner de relieve que, según sus asesores jurídicos, los profesionales que desempeñan un uso terciario en viviendas como médicos, abogados o psicólogos también estarían incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana del año 1988 según el cual solo se permite un uso terciario en los bajos y primeros pisos.

De esta manera, desde AVAEC quieren forzar al Ayuntamiento a que establezca una normativa en términos de igualdad para todos los usos terciarios.

Como ha informado esta redacción, en la asamblea que tuvo lugar dos semanas antes de aprobarse la moratoria del 28 de mayo, miembros de la AVAEC recriminaron que no se informara sobre las noticias que días antes ya estaban circulando al respecto. Ese mes las peticiones del permisos al Ayuntamiento se dispararon. En todo 2023 se pidieron 456 licencias o declaraciones responsables y hasta finales de mayo de 2024 se habían pedido 733. De ellas, 60 se pidieron en enero, 63 en febrero, 50 en marzo, 54 en abril y nada más y nada menos que 506 en mayo.