El pensiómetro: País Vasco y Cataluña necesitarían un millón de trabajadores para pagar sus pensiones

El agujero que generan las pensiones catalanas se aproxima a los 4.000 millones y el del País Vasco supera los 3.700 

Cataluña y el País Vasco necesitarían un aluvión de trabajadores como en los años del desarrollismo para que sus hipotéticos sistemas de pensiones independientes fueran sostenibles. Así pues, una ruptura de la caja única de la Seguridad Social sólo podría perjudicar a los pensionistas catalanes y vascos, entre los más beneficiados por el sistema, por otro lado. Una ventaja que se acrecentará en las próximas décadas ante el galopante envejecimiento en estos territorios, especialmente el proyectado para el País Vasco. De hecho, Cataluña necesitaría nada menos que 524.630 afiliados adicionales a los 3.585.848 con los que cerró 2022, según el barómetro de las pensiones del Instituto Santalucía, con lo que no sería suficiente activar a los 376.800 desempleados con los que cerró ese año. Y eso sin contar las pensiones no contributivas. Porque de las 452.203 pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas que hay en España a abril de 2024, tras Andalucía (con el 20% del total), figura Cataluña, con el 14,5% (65.826 pensiones). De hecho, Barcelona es la provincia con más pensiones de jubilación e invalidez no contributivas (46.672 pensiones), el 71% de todo Cataluña. El País Vasco, con 89.300 desempleados, debería realizar un esfuerzo muy superior ya que necesitaría incrementar un 44,7% su cifra de afiliados, añadiendo 439.466 a los 982.496 con los que concluyó 2022.

Andalucía, la que más brazos necesita

Sólo Andalucía necesitaría un esfuerzo mayor en términos nominales que Cataluña, ya que debería sumar 645.263 ocupados a sus 3.272.336 afiliados, un incremento del 19,7%, dos veces inferior al del País Vasco. En este caso, Andalucía ni siquiera necesitaría importar trabajadores, ya que le bastaría con activar a sus 765.600 desempleados para que sostuvieran con su trabajo las pensiones actuales. A finales del año 2022 el nivel de endeudamiento de la Seguridad Social superaba los 106.000 millones de euros, lo que representa el 7,88% del PIB, y casi cuatro veces la deuda acumulada a finales de 2017, que apenas superaba los 27.000 millones. Aunque las prestaciones no contributivas se financian íntegramente mediante impuestos generales y, por tanto, no generan déficit a la Seguridad Social, la financiación de las contributivas debería proceder de forma casi exclusiva, como corresponde a un sistema de reparto, de las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores (tanto la cuota de empresa como la del trabajador forma parte de la remuneración de asalariados en Contabilidad Nacional como salario diferido).

Las cotizaciones no llegan

Por la insuficiencia de las cuotas sociales, cada vez es mayor la parte del gasto contributivo que se está financiando mediante transferencias corrientes del Estado. Esto permite sostener artificialmente el sistema y que el saldo por operaciones no financieras que ofrecen sus cuentas contables no refleje fielmente la salud financiera del sistema en su modalidad contributiva. Pero tomando sólo las cifras de ingresos y gastos contributivos, el saldo contributivo que sí permite conocer la sostenibilidad del sistema refleja que de un déficit contributivo total de la Seguridad Social en 2022 para el conjunto del país de 24.584 millones de euros, sólo tres regiones, Madrid (2.961 millones), Baleares (565 millones) y Canarias (5 millones), además de Ceuta y Melilla (13 millones) alcanzaron un saldo positivo en 2022. Murcia (-9 millones) se aproximó al equilibrio. El saldo negativo total acumulado en las regiones deficitarias alcanzó los -28.127 millones de euros. Las cinco regiones más deficitarias, todas ellas por encima o muy próximas a los 3.000 millones, fueron Cataluña (-3.876 millones), Andalucía (-3.837), País Vasco (-3.702), Galicia (-3.630), Castilla y León (-3.595) y Asturias (-2.934 millones), esta última con un déficit contributivo sobre el PIB es seis veces el de España al tener las pensiones más altas (muchas provienen del Régimen de la Minería del Carbón) y disponer de una bajísima tasa de soporte (número de afiliados por cada pensión).

El paradigma asturiano

El caso de Asturias tiene mucho que ver con la singularidad de los sistemas de reparto, como el español, donde son los trabajadores del presente los que afrontan los gastos comprometidos en el pasado. Y en el caso de Asturias, la relación entre afiliados y pensiones es tan solo de 1,24, mientras que en Baleares y Madrid, las dos regiones con más superávit, esta relación es de 2,62 y 2,84, respectivamente. Las regiones más envejecidas, es decir, con menor ratio inversa de la tasa de dependencia, como son Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y País Vasco, también son las que sufren una peor relación afiliados/pensiones y, por tanto, un mayor déficit contributivo sobre el PIB. Si se cumplen las últimas proyecciones demográficas del INE, en 2034, cuando la mitad de las cohortes del "baby boom" ya habrán superado los 65 años, la inversa de la tasa de dependencia en España se situará en torno a 2,55, cifra similar a la de Cantabria y País Vasco en 2022 y que tienen un déficit contributivo sobre su PIB de -6,42% y -4,67%, respectivamente. Solo los territorios con superávit, Madrid, Baleares, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, podrían prescindir de una parte de sus afiliados para equilibrar sus ingresos y gastos contributivos de la Seguridad Social en 2022.