Canara advierte de ‘posible’ apagón de radio y televisión
La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) alertó este martes del riesgo de un posible “apagón” en radios y televisoras, debido al vencimiento de las concesiones de frecuencias mediante el cual operan las emisoras y canales abiertos del país, el próximo 28 de junio.
La semana pasada, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció que prorrogaría los contratos mediante un decreto. Sin embargo, a la fecha no se ha emitido ninguna directriz al respecto.
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Para Canara, la “inminente posibilidad” de un apagón en la radio y televisión afectaría gravemente la libertad de expresión. “
“Advertimos que el responsable de esa vergonzosa eventualidad es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), cuyas autoridades políticas han incurrido en graves y reiteradas omisiones al definir la situación jurídica de las concesiones del espectro radioeléctrico”, indicó ese ente mediante un comunicado.
Canara detalló que de no emitirse un acto administrativo para prorrogar las concesiones, los operadores no estarán autorizados para seguir utilizando el espectro radioeléctrico, lo que obligará a suspender las transmisiones de radios y televisoras, generando un “apagón” a nivel nacional.
El proceso para extender el plazo debía iniciarse a solicitud de los concesionarios, quienes, según Canara, realizaron esta gestión desde diciembre de 2022.
Añadieron que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ya emitió las recomendaciones de ley pertinentes. No obstante, el Micitt aún no ha resuelto ninguna de las solicitudes presentadas por los operadores.
El pasado 11 de junio, el Micitt informó de que el decreto se emitiría antes del 28 de junio para brindar seguridad jurídica a los concesionarios y garantizar la continuidad del servicio de radio y televisión en las frecuencias de acceso libre.
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Sin embargo, el Ministerio no precisó por cuánto tiempo se extenderían los contratos de concesión, señalando solo que la medida responde a la imposibilidad material y jurídica de resolver individualmente cada una de las gestiones de prórroga.