Dina Boluarte: PJ deja al voto pedido de procuradurías para que FF.AA. y PNP no den planes operativos de protestas
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto el recurso de apelación presentado por las procuradurías de los ministerios de Defensa, Interior y PCM en el marco de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y otros implicados por presunto delito de genocidio.
Los abogados de estas entidades solicitaron que el tribunal revoque la decisión judicial que ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entregar a la Fiscalía los planes de operaciones implementados para controlar las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El fiscal Luis Felipe Zapata argumentó que la información solicitada no debería considerarse como reservada, argumentando que denegarla podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas. A pesar de ello, Zapata confirmó que la información requerida ya ha sido proporcionada a la Fiscalía.
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Tras escuchar a las partes involucradas, el presidente del tribunal, César San Martín Castro, anunció que la causa quedará al voto hasta la emisión de la resolución correspondiente en un plazo próximo.
Es importante recordar que esta decisión surge a raíz de una orden emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 3 de octubre de 2023, que instruyó la entrega de dicha documentación a la Fiscalía de la Nación como parte de la investigación sobre la presidenta Dina Boluarte y varios exministros, relacionada con las muertes y lesiones sufridas por civiles durante dicho período.
Cabe resaltar que las investigaciones fueron ordenadas por la entonces fiscal general, Patricia Benavides, e incluyeron al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez.
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Dina Boluarte: ¿qué argumento usaron las procuradurías ante el Poder Judicial?
El procurador público de la Presidencia del Consejo de Ministros argumenta que no se realizó una adecuada evaluación de los hechos, señalando que la resolución apelada carece de una motivación correcta y razonable.
"Por su parte, el procurador público del Ministerio de Defensa afirma que el Decreto Legislativo 1129 y su Reglamento (Decreto Supremo 037-2013-PCM) establecen que los documentos generados en los ámbitos de Seguridad y Defensa son de carácter secreto."
Finalmente, el procurador público del Ministerio del Interior sostiene que la información proporcionada por los componentes del Sistema de Inteligencia Policial se integra en el Plan de Operaciones, lo cual hace inviable cumplir con lo ordenado en la resolución apelada, dado que dicha información se considera clasificada.
Jefe del CCFA se reportó ante Boluarte como jefa de FF.AA. en protestas sociales de Ayacucho
Juan José Quispe, abogado de los familiares de las víctimas de las protestas sociales, se pronunció sobre el informe del Ministerio Público respecto a las muertes ocurridas en Ayacucho durante las movilizaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según una investigación de La República. Quispe señaló que el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, informó a la presidenta sobre los hechos, tratándola como si fuera su superior directa.
En este contexto, la defensa legal de los deudos destacó un término utilizado por el jefe del Comando Conjunto durante su comparecencia ante la Fiscalía, cuando acudió al Palacio de Gobierno para informar a la mandataria. Quispe precisó que la expresión "dar cuenta" no se emplea para cualquier autoridad, sino que está reservada para dirigirse al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en funciones.