Lula: “Hay que tratar al aborto como un tema de salud pública”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha manifestado su rechazo al proyecto de ley que se debate en el Congreso, el cual propone equiparar el aborto legal con el delito de homicidio. Lula describió esta iniciativa como una «locura» durante una conferencia de prensa celebrada en Italia, en el marco de la cumbre del G7.
El mandatario subrayó que el aborto es una realidad que debe ser abordada como una cuestión de salud pública. «Es una locura que alguien quiera castigar a una mujer con una pena mayor que la del criminal que cometió la violación. Esto es, al menos, una locura», afirmó Lula. Esta declaración marca la primera vez que el líder del Partido de los Trabajadores se pronuncia sobre el tema, según informó la revista Carta Capital. Lula agregó que no es serio proponer que la víctima sea castigada con mayor severidad que el violador.
Postura del gobierno sobre el proyecto de ley
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, también ha expresado la postura del gobierno en relación con esta medida. «Nunca haría ningún gesto ni acción para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país, y mantenemos esa misma postura», aseguró Padilha.
La propuesta legislativa, redactada por el diputado federal Sóstenes Cavalcante del Partido Liberal, liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, ha sido tramitada con carácter de urgencia desde la semana pasada. La Cámara de Diputados aprobó acelerar el análisis del texto, evitando así el debate en comités temáticos y preparando el proyecto para su votación en el plenario.
Consecuencias legales y reacciones
De ser aprobada, esta norma equipararía el aborto con un homicidio simple, imponiendo penas de entre seis y 20 años de prisión. En contraste, el delito de violación conlleva una pena mínima de seis años, que puede extenderse hasta diez años si la víctima es mayor de edad. Actualmente, la legislación brasileña permite el aborto en casos de violación, anencefalia del feto y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, sin un plazo máximo para su realización. Fuera de estos supuestos, el aborto está penalizado con entre uno y diez años de cárcel, dependiendo de si se realiza con el consentimiento de la mujer.
El proyecto ha generado múltiples protestas en todo el país. La semana pasada, manifestantes con pañuelos verdes se congregaron en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, clamando contra el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, por aprobar la urgencia del trámite. «Criança não é mãe» («Una niña no es una madre») fue el grito más repetido, denunciando el alto índice de embarazos adolescentes y la posibilidad de que el problema se agrave con la nueva legislación.
Impacto social y datos estadísticos
Según datos del sistema público de salud brasileño, cada hora nacen 44 bebés de madres adolescentes en Brasil, de los cuales dos son hijos de niñas de entre 10 y 14 años. Las políticas de salud pública no han logrado controlar este fenómeno, que afecta principalmente a las adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, aunque no de forma exclusiva.
Críticas a la iniciativa y posicionamiento político
El presidente Lula calificó la propuesta de ley como un intento de castigar injustamente a las mujeres víctimas de violación, sugiriendo que la legislación actual ya aborda el problema de manera adecuada al tratar a los violadores con el rigor necesario y respetar a las víctimas. Esta es la primera vez que Lula se pronuncia desde que el Congreso aprobó debatir con urgencia el proyecto.
Las organizaciones feministas han expresado su rechazo a la iniciativa, movilizándose en protestas multitudinarias. En São Paulo, más de medio centenar de instituciones y colectivos feministas marcharon por la Avenida Paulista, una de las principales arterias de la ciudad, denunciando el proyecto.
Declaraciones de Sergio Moro sobre persecución política
En otro ámbito, el senador y exjuez brasileño Sergio Moro denunció un «espíritu de persecución» contra aquellos que combatieron la corrupción en el país, refiriéndose a las personas que actuaron en la Operación Lava Jato. Moro, quien encarceló al actual presidente Lula durante su etapa como magistrado, afirmó que esta persecución podría estar influenciada por el gobierno de Lula.
Como magistrado, Moro lideró los procesos de corrupción en la estatal Petrobras, que llevaron a prisión a decenas de empresarios y políticos, incluido Lula. Sin embargo, la Corte Suprema anuló las condenas de Lula por errores de competencia judicial, y todas las investigaciones en su contra fueron archivadas en instancias inferiores. Además, el alto tribunal declaró que Moro actuó de forma parcial en una de las causas contra Lula.
Este contexto político y social refleja la complejidad y las divisiones en torno al debate sobre el aborto y los derechos de las mujeres en Brasil, así como las implicaciones más amplias en el ámbito de la justicia y la gobernabilidad.