Semana clave para el novio de Ayuso: de denunciado a denunciante en cinco días

Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, afronta una semana clave en el ámbito judicial. Este lunes está citado como investigado en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid , donde se le imputan dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. El viernes, la cita será bien distinta. Le esperan en el Tribunal Superior de Justicia para ratificar la querella que presentó contra el fiscal que le denunció, como también contra la jefa del mismo, por revelación de secretos. Ambas comparecencias se han acabado solapando en el tiempo aunque fueron fijadas con distancia en dos causas independientes y estrechamente vinculadas. Tanto, que la incógnita es hasta qué punto una puede influir sobre la otra. Para empezar, el fiscal que le interrogará por el presunto fraude a Hacienda no será el que llevó la investigación, según informaron a ABC en fuentes conocedoras, habida cuenta de que González Amador se ha querellado contra él. Sobrevuela también la posibilidad de que busque una nulidad de la causa. Al fin y al cabo, en todo este proceso su estrategia de defensa ha quedado al descubierto. Noticia Relacionada estandar No La juez imputa a Alberto González, novio de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsedad Isabel Vega Por partes. La magistrada María Inmaculada Iglesias citó a González Amador el pasado mes de marzo, después de abrir causa por la denuncia que había presentado la Fiscalía a partir de una inspección de la Agencia Tributaria que arroja un fraude de 351.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. Según la tesis de la acusación, habría minorado los fondos que debía declarar simulando gastos mediante facturas por servicios ficticios -de ahí la falsedad documental- que le giraron cuatro empresarios. Ellos, como las mercantiles, también están investigados. Han sido citados el martes. A este procedimiento González llega con una rémora en su contra. Poco después de difundirse la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid había presentado contra él, se filtraron los correos que había intercambiado su letrado con el fiscal del caso, Julián Salto. El abogado proponía alcanzar un pacto de conformidad reconociendo los delitos y disposición de su cliente para asumir en consecuencia una pena de 8 meses de prisión -que no implicaría entrar en la cárcel-, y la multa. De acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, es difícil construir ahora una estrategia de defensa en una causa por fraude a Hacienda siendo de dominio público que reconocer la culpabilidad era el punto de partida. Podría buscar una nulidad del procedimiento por ello, si bien otra cosa es que prospere. El camino en el TSJ La difusión de aquella información desató una tormenta que aún tiene resultado incierto. La primera noticia señalaba que era el fiscal quien había ofrecido pactar al abogado del empresario y a continuación se sucedió una cascada de publicaciones que desmentían ese contenido aportando extractos de los emails que ambos se habían cruzado. Horas después, fue la propia Fiscalía Provincial de Madrid la que, en un comunicado, puso negro sobre blanco lo ocurrido. Citaba también entrecomillados de esos correos, apuntalando que fue el letrado quien hizo la propuesta al fiscal y no al revés, y daba la cronología de la investigación y los contactos, explicaban, para salir al paso de las falsedades. La respuesta fue una querella de González Amador contra el fiscal Salto y su jefa en la Provincial, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos, al haber difundido información sobre su denuncia y las comunicaciones de su letrado. La admitió a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace unas semanas contra el criterio de la Fiscalía, que tras su propia bronca interna había pedido que se le diera carpetazo sin más. Esa es la querella que el empresario está llamado a ratificar el viernes, cuando podrá explicar el nivel de perjuicio que, sostiene, se le ha causado. Y acude citado por el magistrado instructor que este mismo jueves abría causa y requería a la Fiscalía Provincial de Madrid, siendo su jefa y un miembro de su plantilla los investigados , que proporcione los correos íntegros, pero también la identidad de todos los fiscales que tuvieran algo que ver con ellos y con la nota de prensa, incluido el «máximo responsable» de que se difundiese en sus términos. Contra el auto, no obstante, cabe recurso.