El director de Salud de Armengol se pone como escudo para protegerla: «Yo recibí la llamada del Ministerio»

El ex director del Servicio balear de Salud, Manuel Palomino, volvió este martes a ponerse de escudo para proteger a Francina Armengol y tratar de eximir a la ex presidenta de Baleares de cualquier responsabilidad en la compra fraudulenta de un millón y medio de mascarillas que resultaron ser de ínfima calidad -no eran FFP2- y se dejaron caducar en un almacén sin hacer la reclamación durante tres años. «Recibí una llamada por parte del Ministerio de Fomento estando en reunión de compras», dijo Palomino, apartando a la actual presidenta del Congreso de cualquier contacto con la empresa ahora investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea por corrupción. Palomino no logró identificar a su interlocutor porque recuerda que éste «se presentó como Ministerio», aunque no fue algo que le llamara la atención, asegura. «Por la forma de tratar… no recuerdo que se presentara» , apuntó vagamente sin citar -en sus dos horas de comparecencia- ni una sola vez a Armengol. Un día antes, el ex alto cargo había desvelado en el Congreso que fue él quien habló con Soluciones de Gestión SL, la empresa investigada por el cobro de comisiones ilegales en la venta de material sanitario a gobiernos socialistas durante la pandemia. Noticia Relacionada estandar Si Armengol conocía a Koldo, pero niega haber hablado con él de mascarillas Juan Casillas Bayo El exdirector de Salud balear contactó con el exasesor de Ábalos por WhatsApp tras una llamada de Transportes Palomino desveló una de las grandes incógnitas que envuelven a esta compra tras 80 días de silencio: quiénes fueron los interlocutores en la conversación entre el Ministerio y el Gobierno balear . Según su testimonio, ahora se sabe que fue a él -y no a ninguno de sus jefes superiores- a quien se dirigió el Ministerio de Transportes para ofrecerle un «envío masivo» de material desde China, aunque él personalmente no conocía a nadie del Ministerio. Por entonces, Palomino era director de presupuestos del ente de salud y estaba por debajo jerárquicamente de la consellera de Salud, Patricia Gómez, del director general del Servicio de Salud y, lógicamente, de Francina Armengol. Desde el Ministerio le contactaron directamente a su móvil -aunque no sabe si fue a través de la centralita del IB-Salut- para ofrecerle ayuda a través de una empresa ajena al sector y sin referencias como Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Palomino volvió a comparecer este martes, esta vez en la comisión de investigación en el Parlamento balear para «repetir lo mismo en 24 horas», lamentó. Y se volvió a poner en primera línea en la cadena de contactos con la trama. Admitió que en abril de 2020 habló directamente con Koldo García, entonces asesor del ex ministro Ábalos, para adquirir un lote de cubrebocas desde China. No recuerda quién era su interlocutor en el Ministerio pero le hizo caso. Mandó un mensaje al número que le indicó, y que resultó ser de «este señor», Koldo, presunto comisionista de Soluciones de Gestión. Éste le ofreció mascarillas procedentes de una «compra masiva» que estaba en camino. Seguidamente, Koldo puso a Palomino en contacto con el empresario Íñigo Rotaeche, responsable operativo de Soluciones y uno de los detenidos en febrero de 2024 a raíz de la operación Delorme. Rotaeche le ofreció un avión de mascarillas a 2,5 euros cada una, «un precio más bajo del que se pagaba por esas fechas», destacó el ex director de Salud. En ese primer correo electrónico, Rotaeche se dirigía a él en tono cordial saludándolo como «estimado Manuel » y sin presentarse, lo cual hacía indicar que hubo un contacto previo, como desveló ABC. Él lo ha negado. La compra se cerró el mismo día del ofrecimiento y sin contrato previo. El lote de mascarillas llegó a Palma el 27 de abril de 2020, apenas dos días después de ese correo electrónico. El 4 de abril se firmó la resolución para la compra de emergencia con Soluciones y otras cinco empresas. Un día después, el 5 de mayo, el Gobierno balear presidido por Armengol abonó los 3,7 millones a Soluciones de Gestión SL. La resolución de compra de emergencia, firmada por su antecesor, Juli Fuster, especificaba que la compra de material se dedicaría a proteger al personal sanitario. Pero Palomino aseguró este martes que, aunque apenas tenía mascarillas FFP2 para los médicos y enfermeras –«7,000 u 8.000, muy pocas»-, ya estaban pensando en la desescalada de la pandemia y en guardarlas para destinarlas como stock de seguridad. Mascarillas como tanques Sobre el código que se hizo 'ad hoc' para registrarlas en el sistema para que no se distribuyeran en los hospitales, una vez comprobado que no eran FFP2, respondió: «Nosotros pretendíamos tener un stock de seguridad para cubrir lo estrictamente no sanitario». ¿Por qué estaban almacenadas?, se le preguntó. «Por el mismo motivo que se usan tanques» , respondió con la comparación bélica. Vox denunció en la comisión de investigación de este martes que las mascarillas que actualmente están almacenadas en Marratxí no son las de la trama vinculada a Koldo, ya que no coinciden la fecha ni la procedencia. La diputada Patricia de las Heras puso en duda que este material sea el mismo, después de visitar el almacén y comparar los palés con las fotografías del agente aduanero. Palomino se desentendió de esta observación y recordó que no trabajar ya en el Servicio de Salud desde hace casi un año. Palomino no supo explicar tampoco por qué el Servicio de Salud dio la orden de retirarlas si no se había dado la orden de repartirlas. «Por prudencia». Tampoco garantizó que no se hubieran distribuido estas mascarillas a sanitarios por algún «error» ajeno. Hasta ahora se había asegurado que nunca se habían repartido. Defendió la validez de las mascarillas insistiendo en que la calidad de las mismas era mejor que las quirúrgicas y servían para uso civil. «Que no fueran FFP2 no significa que fueran inservibles», argumentó, aunque uno de sus gestores mostró sus dudas internas tras recibir el cargamento y preguntó en correos internos si se «había acabado el problema» y se pedía confirmar que eran FFP2. Palomino se reivindicó como el precursor de la reclamación – «se me cita en el sumario una vez por eso»- y dijo que su propuesta parcial de resolución del expediente enviada a Soluciones de Gestión en marzo de 2023 «daba pie» a una futura reclamación dentro de plazo. Tras el vuelco electoral y cambio de gobierno, fue el actual director de Salud, del PP, quien ejecutó la reclamación oficial. Tampoco negó que no hubiera informado a los actuales gestores de la visita de la UCO a las dependencias de Salud: «Los expedientes están vivos y a disposición del equipo entrante». El polémico lote de un millón y medio de mascarillas caducó en un almacén. Palomino no reclamó ni siquiera cuando en 2022 ya sabía que la Guardia Civil estaba investigando a Soluciones de Gestión, después de que los agentes se personaran en las dependencias del Servicio de Salud para reclamar todo el expediente. Fue el propio Palomino quien en julio de 2022 firmó el acta de entrega a la UCO. El insistió en que sólo la firmó y que quien aportó la documentación fue un funcionario: «No participé en nada. La Guardia Civil accede por registro y accede a contratación con libertad. Habla con ellos, monta el documento y luego viene a verme. Necesitamos que firme el recibí. Y luego se marcha», rememoró. Una semana después de esa intervención, Palomino fue ascendido a director general de Salud . Según el sumario, en la documentación facilitada a la Guardia Civil no constaba el informe interno del Centro Nacional de Medios de Protección que constataba que las mascarillas no eran FFP2 y, por tanto, no se correspondían al pedido inicial. «¿Cómo no se iban a enterar?», respondió con otra pregunta. En su comparecencia en el parlamento balear, Palomino quitó importancia a esta intervención de la UCO rebajándola como algo «impactante pero frecuente». Dijo que él «no estaba preocupado por nada» y que cuando lo comunicó a su superior, Juli Fuster, éste preguntó: «¿Nos tenemos que preocupar de algo?» y él dijo: «No, de nada; a saber qué estarán investigando». Aun así, tardó casi un año en hacer una propuesta de resolución de expediente para reclamar a Soluciones. Fue justo antes de las elecciones autonómicas, pensando, dice, que iban a ganar. En dos ocasiones comparó las mascarillas caducadas con tanques de guerra. «También caducan los tanques y no se montan guerras para usarlos» , reprochó. Palomino cayó en varias contradicciones al defender que no había reclamado a Soluciones de Gestión porque no quería «inmovilizar» este material para que sirviera de stock de seguridad. A la vez sostuvo que sólo quería reclamar la diferencia de precio entre la mascarilla servida -según él una Kn95 mejor que la quirúrgica- y la FFP2 solicitada, en total 2,6 millones de los 3,7 abonados. Es decir, en ningún caso se planteó devolver toda la mercancía. «Iba a ser un jaleo y sabía que iban a tener debate». Por eso le pareció «más oportuno esperar a reclamar sabiendo que teníamos cuatro años», apuntó, aunque al inicio de su intervención dijo que el plazo era de cinco. Palomino negó que fuera una dejadez tardar tres años en iniciar una reclamación teniendo en cuenta el importe económico tan elevado para las arcas públicas, como le acusó el diputado de Més per Menorca, Josep Castells. «Se hizo dentro del plazo legal», respondió. Sobre la urgencia de revisar la calidad de las mascarillas, teniendo en cuenta su tesis de que estaban almacenadas como stock de almacenaje, el ex director de Salud dijo que «era un protocolo habitual». A preguntas del PP sobre por qué «escondió» al Consejo de Gobierno, donde estaba Armengol presente, el 8 de mayo, que las mascarillas no eran FFP2, Palomino asegura que «en ese momento se consideraban equiparables» . El 8 de junio reciben un informe del Centro Nacional de Medios de Protección que dice que no tiene la eficacia de un filtrado FFP2 pero dos meses más tarde, el jefe de la central de compras, Antoni Mascaró, emitió un certificado que acreditaba la buena ejecución y calificaba la compra de «sin incidencias». «Lo he contestado cinco o seis veces. Se trata de un certificado rutinario que redactan dos funcionarios y firma el subdirector de compras y dice lo que dice», restó importancia sobre este documento, rebajándolo a un trámite ordinario. El PSOE volvió a insistir este martes en que sus gestores son víctimas de «bulos» y reivindicaron la buena gestión sanitaria de la pandemia en Baleares.