Fiscal particular del Estado

Uno de los peores usos de este Gobierno ha sido la colonización constante de instituciones públicas que estarían llamadas a ser estrictamente neutrales. De entre ellas, y quizá sólo comparable a la labor de José Félix Tezanos al frente del CIS, destaca la persistente parcialidad ejercida por la Fiscalía General del Estado cuyo titular, Álvaro García Ortiz, sufrió dos duros reveses en la jornada de ayer. De una parte, la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló el nombramiento de su predecesora en el cargo y exministra Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. De otra, el Tribunal Superior de Justicia ha desoído a la Fiscalía y ha resuelto admitir a trámite la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos en su investigación fiscal. Con respecto al nombramiento de Dolores Delgado, es la segunda ocasión en la que el Alto Tribunal revoca un nombramiento promovido por García Ortiz para beneficiar a la exministra. Si, en su momento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo observó «desviación de poder» en el ascenso de Delgado a Fiscal de Sala, en esta ocasión la nulidad de la elección estaría vinculada al posible interés directo que tiene su pareja, Baltasar Garzón, en el ámbito de competencia de la Fiscalía de Memoria Democrática. La circunstancia en la que se ejecutó el nombramiento agrava la dolosa discrecionalidad ya que Álvaro García Ortiz optó por negar a la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal el estudio de la incompatibilidad en la designación de Dolores Delgado, que desde el principio resultó sospechosa para sus propios compañeros. En el caso de González Amador, el TSJ de Madrid ha resuelto admitir a trámite la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para dilucidar si la Fiscalía Provincial de Madrid vulneró el deber de confidencialidad al publicar una nota de prensa en la había citas textuales de los correos intercambiados con el investigado. Recordemos que la Fiscalía pidió la inadmisión a trámite de esta querella tras una Junta de Fiscales muy ajustada y que María de la O Silva, la fiscal que propuso practicar algunas averiguaciones relativas a la publicación de aquella nota de prensa, fue apartada del caso a instancias de María de los Ángeles Sánchez Conde, segunda de García Ortiz. El número de escándalos protagonizados por el fiscal general es tan sorprendente que su crédito profesional empieza a estar irreversiblemente dañado. La falta de idoneidad demostrada por el fiscal general del Estado, ratificada además por el CGPJ, justificaría su cese inmediato por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones (artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin embargo, la naturaleza de sus errores y la coherencia de sus sesgos, siempre coincidentes con los intereses del Gobierno, invitan a concluir que más que una falta de pericia jurídica podrían estar concurriendo otro tipo de factores que le impedirían ejercer su cargo con la autonomía e independencia debidas. Álvaro García Ortiz ha sacrificado su prestigio al desempeñar su cargo siempre en línea con los intereses del Ejecutivo o afines, una concesión que deshonra su función y que lesiona la dignidad de un cargo de servicio que se encuentra entre las más altas magistraturas públicas del Estado. Resulta inexplicable que personas con una cierta reputación y trayectoria profesional estén dispuestas a inmolarse de una forma tan impúdica. Apenas nadie en la carrera fiscal se atreve ya a validar esta trayectoria.