El PP lleva al alcalde de Coslada a los tribunales por su «mordaza sanchista» a la oposición

El Partido Popular , ganador de las elecciones municipales en Coslada, pero en la oposición por el pacto del PSOE con Más Madrid y la coalición Podemos-IU-Alianza Verde Coslada , acudirá a la Justicia para intentar parar los pies al alcalde, el socialista Ángel Viveros , a quien acusa de imponer una «mordaza sanchista» en el ayuntamiento. Según denuncia el portavoz del PP en Coslada, Francisco Javier Becerra, el equipo de gobierno local ha aprobado un reglamento orgánico municipal que supone «una vulneración de los derechos fundamentales» de los concejales, ya que, entre otros efectos, limita su participación política al reducir de manera drástica sus intervenciones en los plenos. Hasta ahora, con el reglamento aún en vigor, aprobado en 2004, cuando gobernaba el PP, los diferentes concejales del ayuntamiento podían plantear las cuestiones que considerasen oportunas, sobre cualquier cuestión y sin límite de tiempo. Con la reforma impuesta por la izquierda, sin ningún tipo de acuerdo con el grupo mayoritario del consistorio, solo se podrán plantear seis ruegos y preguntas por grupo político, con independencia del número de concejales que lo integren. De esa manera se produciría la extraña circunstancia de que el PP, con 10 ediles, puede presentar seis asuntos en el pleno, mientras que un concejal no adscrito tiene posibilidad de formular hasta dos preguntas. Es decir, si los diez concejales populares fueran no adscritos, podrían plantear 20 cuestiones. El PP denuncia, además, que las intervenciones no pueden durar más de cuatro minutos, realizadas por el portavoz. A su juicio, todo esto supone una vulneración del derecho a la participación y un «desprecio a la proporcionalidad». Noticia Relacionada estandar No Leganés convoca 128 nuevas plazas de empleo público tras la «quiebra de personal» de la etapa del PSOE Mariano Calleja El equipo de gobierno municipal, formado por PP y ULEG, denuncia que entre 2015 y 2023 los socialistas solo aprobaron un centenar de plazas de empleo público La oposición de Coslada también denuncia que con el nuevo reglamento se reducen los tiempos de intervención en los debates en las sesiones plenarias a cinco minutos en un primer turno, tres en el segundo y uno adicional en caso de alusiones. En el anterior reglamento, se establecían unos tiempos totales de 20 minutos en el caso del grupo proponente, es decir, más del doble. De esa manera, advierte el PP, se limita también la participación política y la acción de oposición. Hay una queja más de la oposición municipal en Coslada. El alcalde ha decidido trasladar la celebración de los plenos a las mañanas, lo que, a su juicio, «limita la asistencia de vecinos», al coincidir de forma mayoritaria con la jornada laboral, y genera dificultades a los concejales de la oposición que no tienen dedicación exclusiva y que tiene una actividad profesional al margen de la labor política representativa. Por estas razones, antes los plenos se celebraban por las tardes, lo que facilitaba la asistencia de vecinos y la conciliación de los ediles. Vox se revuelve contra la alcaldesa de Majadahonda En Majadahonda, el PP goza de una mayoría absoluta rotunda: 15 de 25 concejales. En el último pleno, se aprobó el nuevo reglamento orgánico municipal, con el rechazo de toda la oposición. Vox ha cargado contra los populares, con la alcaldesa, María Dolores Moreno Molino, a la cabeza, por reducir los tiempos de la oposición para estudiar los asuntos del pleno y para intervenir en los debates, con la posibilidad de que la regidora decida no admitir a trámite «las propuestas, ruegos o preguntas» que se planteen. Desde el PSOE no han querido hacer, hasta ahora, ningún comentario a ABC sobre estas acusaciones del PP ni sobre su intención de llevar la reforma del reglamento a los tribunales para intentar corregirlo. En concreto, el portavoz de los populares de Coslada ha explicado que, en primer lugar, su grupo presentará alegaciones a la modificación del reglamento, para lo que tiene 30 días. Y justo después, ante el previsible rechazo del equipo de gobierno, acudirá a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo por «vulneración de derechos fundamentales», para tratar de frenar en seco las intenciones del alcalde socialista.