La extraña sintonía fina que viene detrás del paso de la motosierra

No hay duda de que el inédito superávit financiero que alcanzó el Gobierno en el primer trimestre del año dejó bastante atrás las metas que había fijado el FMI en el acuerdo negociado con Luis Caputo. Los técnicos que arribaron a Buenos Aires revisaron las cuentas una y otra vez, y no les quedó otra opción que ponerles el sello de "sobrecumplidas". Por eso la Argentina decidió empezar a utilizar ese "saldo a favor", conseguido gracias al feroz paso de la motosierra por el gasto, pero también al hecho de que el Fondo trabaja con monedas estables y no tiene la cultura de ajustar las metas por inflación. Con la nominalidad como aliada, el equipo económico ajustó prioridades.

Como señalamos con anterioridad, al reconocer un mecanismo de actualización de las jubilaciones atado al IPC, el Gobierno decidió desconectar la mitad de la licuadora. No le costó demasiado hacerlo, porque el propio FMI había recomendado que la poda no afectara a los sectores de menores ingresos. En esta línea, aceptaron que el gasto comience a subir.

Pero también apelaron a otra herramienta para moderar este efecto. La empresa que maneja el mercado eléctrico, Cammesa, dejó de pagar la energía que le aportan las generadoras para ser distribuida en la red. Por diciembre y enero, el Palacio de Hacienda les ofreció a las compañías un bono. Y por los compromisos siguientes, Caputo les prometió normalizar los giros si acordaban recibir un título público al 2038. Ahora el propio presidente Javier Milei desinfló esa chance, al sostener que Cammesa iba a ponerse al día en junio, ya que necesitaban mantener el superávit fiscal para compensar el medio aguinaldo de los estatales.

Pero eso no es todo. El ministro de Economía explicó que iban a postergar la actualización del impuesto a los combustibles porque estaban "cómodos" en lo fiscal. El mismo argumento fue expuesto para justificar que hicieran a un lado la decisión de recalibrar de forma mensual el costo de la energía, para evitar un mayor impacto de las tarifas de luz y gas en la cuenta de la inflación.

Sostener el superávit fiscal es un objetivo sano, pero las señales de que el ajuste fue mayor al necesario provienen del propio gobierno. Milei y Caputo no quisieron quedarse cortos, aún sabiendo que esa decisión podía tener un costo alto en materia de inflación y de caída del consumo.

Lo que se ve ahora es una discrecionalidad que atenta contra la vocación liberal de fijar reglas previsibles. Hay una extraña sintonía fina que un día favorece a las automotrices con rebaja de aranceles y otro día castiga a las prepagas por querer recuperar costos demasiado rápido. El manual de gestión, al parecer, quedó atrapado en la licuadora.