El presunto proxeneta, la supuesta víctima y las coacciones que la fiscal pone en duda

«¡Naranjas!», exclamó la funcionaria cuando los abogados le confirmaron que no había posibilidad de un acuerdo antes de entrar en la sala de la Sección Segunda. Porque Ignacio, el acusado, se enfrenta en la Audiencia Provincial de Toledo a cinco años de prisión, una indemnización de 50.000 euros y una multa de 24 meses, a razón de 10 euros diarios. El letrado de la denunciante le atribuye un delito de prostitución y explotación sexual, pero el Ministerio Público no lo ve y por eso no acusa. «No hay violencia, ni intimidación ni situación de vulnerabilidad», afirmó la fiscal en el juicio celebrado este martes. Estuvo en la misma línea del letrado del procesado, que pidió una condena absolutoria mientras se oían los golpes de las obras que continúan en el vetusto palacio de Justicia. «Fue una decisión libre y voluntaria. No existió violencia ni intimidación», subrayó también el abogado. Según la presunta víctima, ella ejerció la prostitución después de que Ignacio, al que conoció por un amigo en común, se lo propusiese. Lo hizo solamente entre julio y agosto de 2019 en la ciudad de Toledo porque necesitaba dinero «fácil y rápido» en su casa. En el domicilio, explicó, vivían su pareja, que ganaba un sueldo de 600 euros; su suegro, que también tenía un salario «bajo», y ella, con una pensión de orfandad de 288 euros que «entregaba a mi padre». Pero no era suficiente, manifestó, para pagar las deudas que se acumulaban del alquiler del inmueble. A la fiscal le chirrió que, con esos ingresos en la casa familiar, ella se viera obligada a prostituirse. Todo lo contrario para la acusación particular, que ve claro que necesitaba ese dinero «para cubrir las necesidades». Pero, ¿hubo amenazas o coacciones? Según la denunciante, sí, por teléfono, «para que continuara ejerciendo la prostitución». Sin embargo, no supo precisar el contenido cuando la fiscal la interrogó. «No me acuerdo en concreto», respondió. «No he escuchado una sola amenaza», aseveró la representante del Ministerio Público, quien reveló que la mujer pidió al presunto proxeneta trabajar por las mañanas y de lunes a jueves. El acusado reconoció que ella le ingresaba un dinero en una cuenta bancaria para que le reservara los hoteles adonde acudía con sus clientes. «Yo no me beneficié de ella», aseguró. Ella, en cambio, sostuvo que Ignacio era su «intermediario» con los clientes y que le daba el dinero de cada servicio para luego hacer cuentas. «¿Pero por qué le entregaba todo el dinero?», le cuestionó la fiscal. «Porque él me amenazaba» , respondió la denunciante. «Pero usted no lo ha dicho nunca hasta ahora», le reprochó entonces. Noticia Relacionada estandar No El pundonor de José Antonio, o cómo humanizar la Justicia Manuel Moreno Con una enfermedad degenerativa a sus 53 años, este miércoles recorrió en coche más de 300 kilómetros. Estaba citado como testigo en un juicio exprés en Toledo en el que al final no declaró El abogado de la supuesta víctima contó que el acusado conocía la «delicada situación familiar y económica» de su cliente. «Sí, más o menos», apuntó él a la interpelación. Y el letrado detalló que la Policía Nacional encontró en un ordenador y un teléfono móvil del encartado nombres y fotografías de una treintena de mujeres , en algunos casos imágenes «comprometidas», además de referencias expresas de dinero, clientes y prostitutas. «No recuerdo eso», respondió él en la sala, donde el tribunal sólo escuchó su testimonio y el de la denunciante, ya que ningún funcionario policial fue citado en un juicio que quedó visto para sentencia en poco más de media hora.