CCSS paga bajo protesta aumento de tarifas en contrato de Sicop

Cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ingresó al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) e hizo sus primeras adquisiciones, en noviembre de 2020, fue a través de un acuerdo firmado con Radiográfica Costarricense (Racsa) un año antes. El convenio estipulaba una tarifa mensual plana para utilizar su plataforma.

Desde entonces, la CCSS utiliza este esquema para realizar todas las compras de medicamentos y equipos. En un inicio, el pago acordado era una tarifa mensual fija de $57.835 (aproximadamente ¢29,17 millones). Entre mayo de 2021 y diciembre de 2023, se hicieron 28.091 transacciones.

No obstante, la situación cambió a partir de este mes, cuando se estableció un modelo por transacción, el cual hace que la CCSS deba pagar un aproximado de entre $150.000 y $158.000, el cual podría seguir subiendo de forma escalonada.

Frente a aumento de casi el triple, la Junta Directiva de la CCSS aprobó los fondos necesarios a la Gerencia de Logística de la institución para pagarlo, pero se hará bajo protesta.

¿A qué se debe el cambio? Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, informó en la sesión de Junta Directiva de que la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda dictó una directriz, según la cual no se paga una tarifa mensual sino por cantidad de transacciones. Es decir, modificó el modelo negociado con Racsa de una tarifa única por mes.

“El monto supera en más del 100% el modelo que teníamos, pero también hay una subestimación de los usos que se podrían dar”, señaló Vega.

En el mismo sentido se pronunció Sofía Espinoza Salas, directora técnica de Bienes y servicios de la CCSS. “No hay cambios, es el mismo servicio de siempre con otras condiciones”, añadió.

Ante una consulta de La Nación, el viceministro de Egresos, del Ministerio de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, confirmó las modificaciones en el cobro.

En declaraciones vía correo electrónico, indicó que la Caja paga el mismo monto por transacción que las otras instituciones públicas, lo que varía es el uso que la institución hace del sistema. La seguridad social es uno de los mayores compradores del Estado, por lo que una mayor cantidad de compras hace que el uso del sistema sea más caro.

“Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación, se establece que se debe tener un solo sistema de compras públicas bajo un modelo tarifario. De ahí que el cobro se determine en relación con el costo de la transacción, entendiéndose esta como aquella que se realiza al generar un procedimiento de contratación, y con la emisión de órdenes de pedido por la modalidad de los convenios marco y contratos según demanda”, declaró.

La Junta Directiva de la Caja acordó solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis de los antecedentes y de la información para montar acciones administrativas e incluso judiciales contra las resoluciones de Hacienda y el reglamento tarifario.

Situación especial

Sofía Espinoza explicó que por la dinámica de la Caja, al ser una institución de salud, no se compra para almacenar, con el fin de evitar el deterioro y pérdida de insumos. Más del 95% de las compras se contrata por demanda. Por ello, no pueden hacerse menos pedidos a menor escala.

Durante la consulta pública, la CCSS reclamó que este tipo de pago por transacción iba a afectarles directamente, pero no se atendieron las observaciones. El escenario que se vislumbra, según Espinoza, sería de que eventualmente se llegue a más de $200.000 mensuales (unos ¢100,86 millones).

“Así yo haga una orden de pedido por una docena de lapiceros, puede ser que valga más la transacción que el producto”, advirtió Espinoza.

La CCSS presentó un recurso de revocatoria indicando que no está de acuerdo con la tarifa, no se tienen los recursos para hacerle frente y que esto no podría explicarse ante la Ley de Contratación Pública.

Hacienda rechazó la revocatoria, y recordó que la consulta pública terminó. Las instituciones deben adherirse, pagar la tarifa y si no se utiliza ese sistema, los procedimientos serían declarados nulos.

“Sabemos que la CCSS es el mayor comprador del Estado y que la tarifa sería la más alta, pero queremos una tarifa razonable”, señaló la funcionaria.