Estallido social: ministro Codero adelanta que el Gobierno estudia mecanismos para calificar a las víctimas

Este martes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para dar cuenta de las principales prioridades de su cartera en dicha materia.

Así, el ministro abordó los avances, iniciativas y proyectos de ley que se estudian en diversos temas, entre ellos, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social; el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y la agenda de 50 años; además de la situación de personas privadas de libertad.

Cabe mencionar que en el marco del Plan Nacional de Búsqueda el titular de Justicio no mencionó el proyecto que buscaría levantar el secreto de la Comisión Valech.

Ad portas de la formalización del general de Carabineros, Ricardo Yáñez, el ministro Cordero informó que por los crímenes cometidos durante el estallido se han abierto 10 mil 142 investigaciones penales, de las cuales 8 mil 217 se han cerrado y 150 han terminado con miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros formalizados.

Asimismo, dio a conocer que hasta el momento han habido un total de 51 sentencias definitivas ejecutoriadas: 40 de ellas condenatorias y 11 absolutorias.

Por otra parte, Cordero indicó que el programa de reparación integral dispuesto para las víctimas del estallido (Plan PACTO) es utilizado por un total de 487 personas y que actualmente, el Ejecutivo se encuentra estudiando un mecanismo para que el Estado califique a todos los afectados.

“Lo que también ha estado trabajando el Ejecutivo, dado el estudio que elaboró el año 2023, es en un mecanismo metodológicamente consensuado para efectos de calificación de víctimas y especialmente, que eso permita al Estado de Chile tener el catastro de dichas víctimas. Es la única forma razonable de poder abordar la reformulación del Programa de Reparación Integral”, estimó Cordero.

El debate por la Ley Sayén

El ministro Cordero expresó su preocupación por el avance de la Ley Sayén: iniciativa que originalmente busca dar alternativas para que embarazadas y madres de menores de dos años no tengan que cumplir penas en la cárcel.

Al respecto, Cordero advirtió que “las modificaciones introducidas en la Comisión de Seguridad hacen simplemente declarativa esta norma”. Por ello, “el Ejecutivo ha explicado esta situación en la Comisión de Hacienda del Senado y dicha comisión le ha pedido a la Comisión de Seguridad que reformule el proyecto en los términos que el Ejecutivo ha planteado”.

“Esto es especialmente sensible por la situación de privación de libertad en el caso de las mujeres”, agregó.

Según el titular de Justicia, el 90% de las mujeres que ingresan a centros penitenciarios son madres y jefas de hogar y durante los últimos años, “el número de mujeres privadas de libertad ha aumentado sustancialmente”.

En esa línea, también reveló que en el caso de las mujeres “55% de los delitos están vinculados a la Ley de Drogas” y que por dichos crímenes, solo el 15% de los condenados corresponden a hombres.

Agenda 50 años

En cuanto a las llamadas políticas de justicia transicional, destinadas a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el secretario de Estado dio cuenta de los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, además de los proyectos que el Ejecutivo priorizará durante los próximos meses.

Cordero mencionó la iniciativa que tipifica como delito la desaparición forzada y la que crea el estado civil de “ausente por desaparición forzada”, pero dejó afuera el proyecto para levantar el secreto de la Comisión Valech: una iniciativa que marcó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“¿Cuándo vamos a avanzar en lo que fueron los proyectos de ley comprometidos al calor de la conmemoración de los 50 años? Yo espero, además, que exista una transversalidad en aprobar, porque la impunidad biológica ya está siendo una realidad que va a ser irreversible, si es que ya no lo es en muchos casos. Yo creo que antes del término del Gobierno hay que tener aprobados esos proyectos de ley”, opinó la diputada del Partido Comunista, invitada especialmente para la sesión, Lorena Pizarro.

Por otra lado, el ministro recibió múltiples consultas de senadores respecto a las 89 cajas con osamentas que estuvieron por décadas en dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que fueron encontradas recién el 2023 en el Servicio Médico Legal.

Sobre aquello, Cordero afirmó que la situación ha sido informada recurrentemente por el Ejecutivo y recalcó que el último reporte al Senado ocurrió hace tres meses y medio.

“El Servicio Médico Legal se encuentra ejecutando el presupuesto, -quiero recordar que este Congreso aprobó una glosa especificamente- y las pericias se encuentran en curso. De hecho, no hay ningún inconveniente en que el reporte que el Ejecutivo realiza conjuntamente con los jueces de dedicación exclusiva sea compartido con las reservas que corresponden”, añadió el ministro.