Un excandidato de Ciudadanos y trabajador de Stop Okupas, denunciado por agredir a un vecino en Barcelona

“Te he dado un 'yuyu' y vas a morir”. Esta es una de las amenazas que profirió un trabajador de la empresa de desokupaciones Stop Okupas Low Cost a los inquilinos de una finca de la calle Magalhaes de Barcelona. La dijo Ajmal R.B., que también fue también candidato de Ciudadanos por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en las elecciones municipales de 2019 y 2023. EL hombre ha sido denunciado por pegar un puñetazo a una persona que grababa la escena.

Los hechos ocurrieron el pasado martes después de una concentración convocada para protestar contra las “prácticas abusivas” de la empresa, que desde el pasado diciembre está “saboteando” la finca, según denuncian los vecinos. Los afectados aseguran que el nuevo propietario del inmueble ha contratado a esta empresa para echar tanto a los inquilinos con contrato vigente como a diversas personas que están ocupando por falta de alternativas.

Una de las últimas estrategias que llevó a cabo Stop Okupas fue arrancar la puerta de entrada a la finca para poder entrar libremente al edificio. Los vecinos denunciaron los hechos, pero los Mossos d'Esquadra afirmaron que, al ser una orden de la propiedad, no se podía actuar. Así que este martes, los inquilinos, apoyados por el Sindicat de Llogateres, convocaron una concentración e instalaron una nueva puerta.

Inmediatamente, entregaron las llaves a los trabajadores de Stop Okupas. “No queremos problemas con ellos ni queremos darles motivos para que nos acusen de coacción al no dejarles entrar a una finca a la que tienen derecho a acceder”, asegura Francesco, uno de los vecinos y miembro del Sindicat.

Una vez hecho esto, la mayoría de manifestantes se retiraron. Fue entonces cuando Ajmal R.B. y otros empleados de Stop Desokupas “empezaron a ponerse nerviosos”, denuncia Francesco. Diversas personas empezaron a grabar con sus teléfonos móviles y el denunciado intentó arrebatarle el móvil a una de ellas. Al no poder, acabó propinándole un puñetazo, según consta en la denuncia y el parte de lesiones.

La agresión se zanjó sin heridas de gravedad, tal como corrobora el informe médico que acompaña a la denuncia presentada ante los Mossos d'Esquadra, ambas consultadas por elDiario.es. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa y con Ajmal R.B., pero no ha obtenido respuesta.

Quien sí ha contestado a las preguntas es Ciudadanos, que ha asegurado que Ajmal R.B. “nada tiene que ver” con el partido, a pesar de que figuró como número 10 en las listas a las elecciones municipales de 2023. “Confirmamos que ha participado con los compañeros de Santa Coloma en las campañas municipales. Nunca ha tenido ningún tipo de cargo público ni orgánico en el partido”, han añadido. La formación ha denegado comentar nada más al tratarse de “un tema privado”.

“Es una presión constante para que nos vayamos. Nos sentimos inseguros”, así describió la situación en una entrevista a este medio Francisco, uno de los últimos inquilinos con contrato que quedaba en la finca de Magalhaes. Se marchó pocos días después de realizar estas declaraciones.

Lo que fue su piso es usado ahora por los trabajadores de Stop Okupas, que “se han instalado” en la finca, según explican los habitantes que quedan. Ahora solo restan diversas personas que están ocupando cuatro de las cinco viviendas de la finca.

Los vecinos y activistas del Sindicat de Llogateres temen que sigan las “amenazas” para echar a los ocupas. Además de retirar la puerta, denuncian que la empresa ha “boicoteado” las bajantes de la finca, cortado los suministros y agredió a uno de los vecinos a principios de año.

Con todo, se han interpuesto ya seis denuncias ante los Mossos. De estas, dos están en manos de juzgados de instrucción de Barcelona y también han presentado una denuncia administrativa por acoso al Ayuntamiento. Además, se han querellado contra la empresa propietaria.

Los activistas denuncian que la administración no ha hecho más que enviar una inspección técnica y un comunicado en el que el Ayuntamiento condena “las actitudes y acciones intimidatorias o violentas que se hayan podido producir”.

En la finca ya no quedan inquilinos, pero los vecinos que siguen en los pisos reclaman que el Ayuntamiento mueva ficha y se sancione a la empresa. “Ellos tienen mucho más margen de maniobra para garantizarnos el derecho a una vivienda digna”, explica Francesco.