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Апрель
2024

La Audiencia Nacional ordena a la Embajada en Pakistán que autorice el traslado de una fiscal afgana

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Abc.es 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado al embajador de España en Pakistán que facilite a una fiscal afgana especializada en antiterrorismo la documentación necesaria para viajar con su hijo a territorio español y formalizar su solicitud de asilo, después de que ignorase la petición que cursó allí acreditando que la vida de ambos corre peligro. En una resolución a la que tuvo acceso ABC, los magistrados acuerdan así la medida cautelar que había solicitado la representación de esta fiscal que ejerce la Clínica Jurídica de la Universidad Pompeu Fabra y que contó con el respaldo de la Fiscalía, tal y como informó este diario, frente al silencio que había recibido de la legación española en Islamabad: el embajador ni siquiera emitió acuse de recibo. Es la segunda vez en las últimas semanas que la Audiencia Nacional interviene para imponer al Gobierno la acogida cautelar de un solicitante de protección internacional por la vía consular, una vía que fue restringida en la reforma de la Ley de Asilo del año 2009 y que no permite formalizar la petición en las embajadas, sino que impone el traslado a territorio nacional para realizar el trámite. Eso implica la expedición de visados humanitarios o salvoconductos, que son imprescindibles en el trayecto. Noticia Relacionada estandar No La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que imponga trasladar a España a una fiscal afgana Isabel Vega A finales de febrero, como informó ABC, la Sala dictó una resolución similar en el caso de Basir, un ciudadano que huyó de Sudán por la persecución que sufría siendo cristiano y que acabó involucrado en la masacre de Melilla en la que perecieron 37 personas según las cifras de las ONG en un intento de salto de la valla en junio de 2022. En su caso, la medida cautelar se dirige a la Administración, para que por cualquier mecanismo de su elección, le traslade a España desde Marruecos y así pueda formalizar su petición de asilo. Aún no lo ha hecho. En el caso de la fiscal, fue azote de los talibanes en Afganistán y se vio señalada en cuanto recuperaron el poder y abrieron las cárceles donde ella había contribuido a encarcelar a los suyos. Huyó con su hijo menor y una hermana a la vecina Pakistán, pero la mujer fue detenida por las autoridades paquistaníes, que han cerrado las fronteras a los afganos, y tratada como una inmigrante irregular : fue deportada de vuelta a su país y se encuentra escondida en paradero desconocido. La callada por respuesta La fiscal siguió adelante con su hijo y con el apoyo de la Clínica Jurídica, presentó la instancia en la Embajada de Islamabad para poder solicitar asilo en España, pero nunca recibió una respuesta, lo que constituye de facto una desestimación por silencio administrativo. «Entendemos que es necesario adoptar la medida positiva solicitada consistente ordenar al Excmo. Sr. Embajador del Reino de España ante la República Islámica de Pakistán, que dote a la recurrente y a su hija de la documentación que le habilite para trasladarse a territorio español», dice ahora la Audiencia Nacional. Llega a esta conclusión tras constatar que fue una fiscal destacada en su país, por lo que ahora está perseguida, sobre todo a partir de un informe policial aportado por la Fiscalía «en el que se pone de relieve la seriedad y verosimilitud del temor manifestado por la demandante y el riesgo real y efectivo de que la demandante, actualmente en Pakistán pudiera ser deportada a Afganistán con la consiguiente actualización del riesgo vital que ello llevaría consigo para sí y para su hijo». Recuerda además que frente a las alegaciones de la Abogacía del Estado, que se oponía a la medida cautelar, ACNUR, que mantiene vivo un llamamiento para que los países abran sus territorios a las personas que huyen de Afganistán, «sigue exhortando a los Estados a que faciliten y agilicen los procedimientos de reunificación familiar, en cuanto que reconoce que es el único modo de asegurar que se respete el derecho a la vida familiar y la unidad familiar de las personas refugiadas».