Necesidad de reforma del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el resultado de la descentralización de las competencias sanitarias que se han ido modificando desde su origen en 1942 con el Seguro Obligatorio de Enfermedad, con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y posteriormente con la Constitución española de 1978 (artículos 43, 49 y 53.3 CE), completado posteriormente con la ley 14/1986, de 5 de abril, General de Sanidad, en la que se realiza una integración de todos los recursos públicos en el Servicio de Salud. El hecho de haber transferido a las Comunidades Autónomas las competencias en Sanidad, en mi opinión, ha supuesto mantener una pluralidad de sistemas sanitarios funcionando en paralelo, derrochándose las energías y las economías públicas y sin acertar a establecer estructuras adecuadas a las necesidades de nuestro tiempo, además del alto nivel de politización en puesto directivos de gestión, lo que no permite aprovechar las sinergias de un sistema único. Los fondos destinados a financiar los recursos humanos en los servicios de salud autonómicos, suponen la partida más importante de sus presupuestos. La diversidad de normas reguladoras, la complejidad organizativa de titulaciones, categorías y situaciones laborales de los más de 650.000 trabajadores de los 17 servicios de salud ha ido generando una gran variabilidad interpretativa de las normas reguladoras, que se demuestran como verdaderas barreras para el desarrollo de los planes de eficiencia y ordenación que las Comunidades Autónomas realizan. Los respectivos establecimientos del Sistema Público de Salud, no se financian con los ingresos que reportaría su actividad. El modelo de financiación actual de las Comunidades autónomas, es motivo de insatisfacción general. Así, la dispersión del territorio y la densidad de población por kilómetro cuadrado, que provocan desplazamientos largos, obligación de mantener consultorios o urgencias con poca actividad, las políticas de inversiones en nuevos centros y equipos tecnológicos sanitarios, que agotan los presupuestos o retrasan «sine die» esas necesarias inversiones. Las políticas retributivas del personal sanitario de cada comunidad que genera agravios comparativos, etc. El sistema de financiación no satisface a nadie. Es muy probable que sacando la financiación de la sanidad de los presupuestos autonómicos para ser financiada la prestación de los servicios sanitarios directamente desde la Administración del Estado, se solucionaría en gran parte el problema de la asignación financiera sanitaria a las Comunidades Autónomas. Estamos ante un importante reto: seguir asegurando el derecho a la prestación de la salud de forma compatible con la sostenibilidad. En nuestra opinión es imprescindible separar la financiación del derecho de la protección a la salud, de la provisión de las prestaciones sanitarias de tal derecho. Desde el punto de vista de la financiación es necesario revertir esta competencia desde las comunidades autónomas, abocándola a la Administración General del Estado para incluirlas como partida de los Presupuestos del Estado, que sería gestionada dentro del SNS, desde donde se financiaría la producción de las prestaciones sanitarias realizadas en una red de centros públicos y privados previamente concertados. La separación entre financiador, comprador y productor de los servicios sanitarios ha sido propuesta por varios autores, entre otros Barea Tejeiro y Gómez Ciria. Recordamos que el Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, goza de las facultades de establecer los principios y criterios sustantivos generales y comunes que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio. Cada centro, público o privado, deberá ser concertado y sobrevivir con los recursos que sea capaz de generar. El modelo propuesto se basa en los principios de Eficacia, Eficiencia y Efectividad. Se alcanzan los objetivos y se utilizan bien los recursos. Cada centro concertado, tiene que vivir de sus propios resultados, compitiendo con los demás, excepto en el precio de los servicios, que sería el mismo al venir predefinido desde la Administración Central un baremo de precios de las distintas unidades de prestación de servicios sanitarios. En resumen, el modelo propuesto, garantizaría la igualdad de todos los españoles, asignaría equitativamente los recursos públicos y privados, pasándose a financiar el precio de la producción, garantía de la sostenibilidad del SNS, mejora la financiación autonómica, facilita la integración de MUFACE, MUGEJU e ISFAS en el SNS, desaparecerían las listas de espera, se mejoraría la inversión en tecnología sanitaria, aumentaría la calidad asistencial y, por tanto, la satisfacción del asegurado. Este dispondría de una red de hospitales públicos y privados concertados, a su libre elección y bajo ciertas condiciones para evitar determinados abusos. A todos los asegurados, funcionarios incluidos, se les dotaría de una tarjeta sanitaria única con la que puedan solicitar su asistencia sanitaria en cualquiera de los centros concertados, públicos y privados de España, ajustándose a las normas que se desarrollen al efecto.