Rueda anuncia una oficina de asuntos constitucionales para sus batallas sobre competencias con el Gobierno central

Alfonso Rueda se ha presentado a su debate de investidura con una lista de deberes para el Gobierno central, anuncios concentrados en el terreno económico y varios cambios en la estructura de la Xunta. Uno de ellos afectará a la propia Presidencia, que va a incluir "una dirección [general] de asuntos constitucionales". Es decir, un departamento específico que concentrará las batallas con el Gobierno central por cuestiones de competencias. El ahora presidente en funciones lo ha justificado para hacer "frente a los ataques y cuestionamiento del Estado constitucional" que asegura que se están viendo en España. "Galicia defenderá la legalidad de sus planteamientos", afirmó.

El anuncio coincide con el inicio de las deliberaciones en el Tribunal Constitucional sobre la ley del litoral impulsada por la Xunta y recurrida por el Gobierno central. A esta normativa se refirió Rueda en su intervención ante el Parlamento de Galicia para presentar su programa de gobierno. Dijo que Galicia tiene "el derecho sagrado" a gestionar su territorio.

Gran parte del discurso giró en torno a cuestiones económicas y este terreno fue el único en el que propuso un pacto a los grupos de la oposición. En concreto para establecer como guía el papel de la administración como "facilitadora" de proyectos industriales y limitar a un año el plazo de tiempo para tramitarlos cuando creen 25 o más empleos y tengan una inversión de 2 millones de euros. De lo contrario, propuso, la Xunta indemnizará a los empresarios. También avanzó un plan para crear un fondo público-privado con un capital inicial de 300 millones de euros para dar impulso a "las iniciativas más prometedoras" en cuanto a creación de puestos de trabajo". Rueda defendió, sin dar el nombre, el proyecto de macrocelulosa que la portuguesa Altri y el propietario de la gallega Greenalia quieren instalar en Palas de Rei (Lugo) y que ha generado una ola de rechazo entre entidades ecologistas y vecinos de la comarca.

Avanzó también las intenciones de la Xunta de ofrecer de forma gratuita la congelación de óvulos en la sanidad pública gallega y de ampliar hasta los 45 años la edad máxima para acceder a técnicas de fecundación in vitro en los centros sanitarios públicos.