Una mujer se enfrenta a diez años de cárcel por cortar el pene a su jefe con un cuchillo

La noche del 31 de mayo de 2021, Abdur se encontraba en uno de los bares que regenta, El Sibarita, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Allí finalizaba su turno una de las camareras, Tanya, de 37 años, con quien mantenía una relación . Él tenía que darle el relevo, para que ella pudiera coger el tren de vuelta a casa, como cada día, pero aquella noche ella quiso quedarse, bajo el pretexto de preparar la cena para los dos. El hombre, de 50 años, estaba jugando a la máquina tragaperras, ella lo abrazó por detrás y comenzó a besarlo. Le pidió que se bajase los pantalones. «Tú sólo siéntate», le dijo. Abdur aceptó y se recostó en un sofá. Tanya le pidió que se tapase los ojos, y éste se puso un trapo en la cara. «No te lo quites, que tengo vergüenza», le explicó la mujer. Así, «aprovechando que no veía nada, cogió un cuchillo y le cortó el pene », reza el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide diez años de cárcel para la camarera. Abdur empezó a sangrar, y, aunque pidió ayuda en la comisaría de la Policía Local, sufrió la amputación completa del órgano . Tras la cirugía, pasó más de un mes hospitalizado. Ella aseguró ante los agentes que había agredido a su jefe tras ser víctima de repetidas agresiones sexuales, pero la investigación, que asumieron los Mossos d'Esquadra, lo descartó. Las imágenes de las cámaras de seguridad, y la declaración de varios testigos demostró que su versión no se sostenía. Noticia Relacionada estandar No Detenida por matar a su pareja a puñaladas en Sant Adrià (Barcelona) Elena Burés La mujer, que también resultó herida, aseguró tras el suceso que estaba embarazada. Mentía Tras el suceso, por orden del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, la mujer ingresó en prisión preventiva, aunque quedó en libertad en junio del año pasado, tras trascurrir 24 meses, y no prorrogarse la medida cautelar. Este martes, se sienta en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, acusada de un delito de lesiones. Además, el Ministerio público reclama que indemnice a la víctima con 194.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.