Otros pagos por la investidura

Cualquier precio es asequible para quien no tiene que correr con los gastos. Que la investidura de Pedro Sánchez convirtió algunos elementos vertebrales del Estado de derecho en moneda de cambio y que el PSOE se ha servido de una transacción de intereses privados para perpetuarse en el poder es un hecho difícilmente cuestionable. El abrupto cambio de rumbo de políticos y opinadores en lo que atañe a la amnistía sólo se puede explicar como un intento de legitimar el pago que el independentismo exigió para mantener a Sánchez en La Moncloa. El intercambio de intereses fue todavía más extenso. Según informa hoy ABC, el PSOE negoció con sus socios sillones en consejos de administración de empresas cotizadas a cambio de facilitar la investidura. De este modo, no sólo el Código Penal o determinadas prebendas políticas o económicas sirvieron para ahormar la voluntad de los independentistas, sino que el instrumentalismo con el que se maneja el presidente del Gobierno habría alcanzado también a las compañías del Ibex. La intención de un desembarco de la SEPI en empresas cotizadas habría servido para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La previsión original de este intercambio de intereses particulares planteaba la ejecución del plan a lo largo de 2024. De hecho, la entrada del Estado en Telefónica habría servido para trazar la ruta de un proyecto más ambicioso en el que se intercambiarían votos por sillones. Ante la posibilidad, después confirmada, de que este año no pudieran aprobarse unos nuevos Presupuestos, el Ejecutivo contaba con la SEPI digital (SETT) como un instrumento alternativo, dotado con fondos europeos, para desarrollar su estrategia. La coartada legal para poder llevar a cabo el plan sería la Ley de Inversiones Extranjeras, un marco que permitiría a cualquier compañía situarse dentro de los sectores estratégicos susceptibles de ser defendidos por el Gobierno. La opacidad de las negociaciones del Partido Socialista con los independentistas ha sido paradigmática, hasta el punto de que, tras sellarse algunos pactos, las versiones de unos y otros ni siquiera resultan coincidentes. Hemos llegado a ver a socialistas como Santos Cerdán desmentir, incluso, lo que había quedado fijado y firmado por escrito, como la mención al 'lawfare' tras el acuerdo con Junts. En los últimos años, el PSOE ha colonizado instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, hemos sido testigos de cómo desde el Ejecutivo se ha llegado a señalar a empresarios particulares, incurriendo en acusaciones de mucha gravedad que, además, alteran la libre competencia y el normal funcionamiento del mercado. Lo que no sabíamos, hasta el momento, es que el Gobierno llegó a servirse de su capacidad de influencia tanto en empresas públicas como privadas para atraer la voluntad de sus socios. Este intercambio de intereses supone un nuevo salto cuantitativo en la manera en la que el Gobierno ha decidido servirse de su influencia empresarial para buscar un beneficio propio. Rescates como los de Plus Ultra o Air Europa cobran un nuevo significado a la luz de la información publicada y extienden una legítima sospecha sobre la manera en la que, discrecionalmente, el Ejecutivo amplía su dominio en el ámbito corporativo. Malo sería que estas injerencias respondieran a motivos ideológicos, pero que la entrada del Estado en empresas privadas pueda planificarse para ofrecer después cargos en los respectivos consejos a sus socios independentistas supone una incuestionable forma de corrupción política.