Feijóo busca con la comisión sobre mascarillas del Senado reeditar la farsa de la de financiación de partidos en 2017

Mismo patrón, misma estrategia y misma actitud. En España en lo que respecta a la política lo que hace que la historia se repita primero como tragedia y después como farsa se debe fundamentalmente al PP.  Basta un repaso a los últimos 30 años: en el CGPJ, en el Senado, en las comisiones parlamentarias de investigación… Todo lo que es susceptible de bloqueo lo es. Allá donde se puedan utilizar las instituciones como herramienta partidista se utiliza para la refriega. Y si los votos dan para activar un choque institucional se activan. Sucede cada vez que la derecha está en la oposición.

¿Recuerdan? Corría 1995, gobernaba el PSOE, había que renovar el  CGPJ, y si se renovaba cuando tocaba nacería de un Parlamento de mayoría progresista. No ocurrió a tiempo, se bloqueó hasta que ganó Aznar. Con mayoría conservadora, por supuesto. A los cinco años, 2001, con el PP en el gobierno y el PSOE en la oposición,  se renovó. En 2006, cambiaron las tornas y hubo dos años de bloqueo. Entonces, en 2008, y a pesar de que la izquierda tenía otra vez mayoría en el parlamento, se pactó con el PP un Consejo General de Poder Judicial equitativo con nueve vocales a propuesta del PSOE, 9 a propuesta del PP y un presidente conservador, que fue Carlos Dívar. Cinco años después, en 2013, Rajoy tenía mayoría absoluta y se renovó de tal forma que el PSOE asumió una mayoría clara de los conservadores. Desde entonces, hasta hoy, el PP se mantiene en un flagrante incumplimiento de la Constitución para prolongar artificialmente la mayoría conservadora y controlar el órgano de gobierno de los jueces. 

Ocurre en el Poder Judicial y ocurre en el Parlamento. Pasen y lean porque recordar es el mejor modo de volver a vivir y todo indica que lo que arranca esta próxima semana en las Cortes Generales con las comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia será un émulo de lo representado ya en 2017. Antaño no se trataba de saber quiénes sí y quiénes no se forraron con mordidas sino de averiguar hasta dónde llegó la financiación ilegal de un PP salpicado por los escándalos de Gürtel, Púnica, Lezo y los papeles de Bárcenas, entre otros. 

Entonces como ahora los populares tenían mayoría absoluta en el Senado. Y entonces como ahora respondieron a la propuesta de todos los partidos representados en el Congreso para investigar la financiación ilegal del PP con otra investigación en la Cámara Alta que escarbara en las finanzas de todos los partidos. La creación de aquella comisión obedeció a una clara contraofensiva de los populares, cuya financiación irregular estaba siendo investigada por los tribunales pero también por la Cámara Baja. 

Hoy se repite la historia: el PSOE impulsa una investigación en la Carrera de San Jerónimo para aclarar los procedimientos de compra del material sanitario durante la pandemia en todas las administraciones tras el escándalo del “caso Koldo”, y el PP anuncia otra en la plaza de la Marina, pero circunscrita a lo que le interesa.

Los paralelismos son más que evidentes entre 2017 y 2024. En ambos casos, se trata de desviar el foco del Congreso al Senado, si bien hay diferencias porque hace siete años los populares sí votaron a favor de la investigación de la Cámara Baja (aunque luego la intentaron frenar con un recurso de amparo ante la Mesa y posteriormente la recurrieron al Constitucional) mientras que ahora el voto del PP a la investigación de todos los contratos en el Congreso ha sido negativo.

El PP se ha lanzado en tromba contra el Gobierno, tras el “caso Koldo” y ha llegado a poner en duda hasta la legitimidad del Congreso para ejercer su labor fiscalizadora por tener como presidenta a Armengol porque bajo su presidencia en el gobierno balear el servicio de salud contrató mascarillas con el asesor del ex ministro Ábalos. Fue la excusa que utilizó para organizar su propia comisión en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y pretende centrar la investigación exclusivamente en los casos que afectan a los gobiernos del PSOE. 

Este lunes se acaba el plazo para que los grupos registren su lista de comparecientes y en el PP no hay intención de investigar en el Senado el caso Medina y Luceño que afectó de lleno al Ayuntamiento de Madrid y tampoco el de las comisiones del hermano de Ayuso en la intermediación para importar mascarillas o los negocios de la pareja de ésta con el grupo Quirón, la principal contratista de la sanidad pública madrileña, desvelados todos ellos por elDiario.es.

Nada que pueda sorprender teniendo en cuenta que hace siete años ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado para rechazar que dirigentes de su partido compareciesen en la comisión sobre la financiación de los partidos. Y eso que registró más de 160 peticiones de comparecencia de todas las organizaciones políticas y solicitó muy diversa documentación sobre las finanzas de otras siglas que no fueran las suyas propias. Rechazó una tras otra las propuestas del PSOE para que desfilaran por el Senado, José María Aznar, Mariano Rajoy, Alberto Fabra, Francisco Camps y el ex tesorero de su partido Luis Bárcenas mientras que hizo pasar por la comisión a ex responsables de las cuentas del PSOE (Xosé Manuel Cornide y Gregorio Martínez) o de Podemos (Daniel de Frutos Ramírez). Asimismo, incluyó en su lista de peticiones a directivos de las entidades financieras con las que Cs, POSE, PSC PdeCat, PNV, Compromís, IU o ERC habían suscrito préstamos.

Ante la farsa representada en aquella ocasión, algunos grupos parlamentarios como PSOE, Podemos, Ciudadanos y ERC decidieron no asistir a las sesiones y boicotear lo que más que una comisión de investigación prometía convertirse en un circo orquestado para ocultar las vergüenzas del PP.

Por contra, el pleno del Congreso aprobó con fecha 30 de marzo de 2017, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la supuesta financiación ilegal del PP. La iniciativa partió del PSOE, UP y Cs, pero su creación se aprobó por unanimidad aunque el PP trató de frenar su puesta en marcha con el antes citado recurso de amparo ante la Mesa con el objetivo de que la investigación estuviera acotada en el tiempo de la legislatura en curso para no ir más allá de 2015 y que los trabajos se circunscribieran únicamente a la Administración General del Estado y no a los gobiernos autonómicos. Mismo patrón que seguirá en 2024.

Los trabajos del Congreso se prolongaron durante dos años y por ellos pasaron más de 50 comparecientes, entre otros varios miembros de la UDEF, de la Policía Judicial, ex gerentes de empresas públicas, Cristina Cifuentes, Luis Bárcenas, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís (ex tesoreros del PP), Francisco Correa, Francisco Camps, Francisco Granados, Ignacio González, Esperanza Aguirre, Ricardo Costa, Dolores de Cospedal, Ana Mato, Javier Arenas, Pío García Escudero o Aznar. 

Finalmente, no pudo aprobarse un dictamen al no alcanzarse un acuerdo para la presentación de un texto común con las conclusiones de los trabajos. Y, curiosamente, uno de los motivos que frustró el consenso fue la negativa de PP y PSOE a que compareciera Mariano Rajoy. 

Desde las direcciones de varios grupos parlamentarios entienden que la semejanza entre 2017 y 2024 es más que evidente, barruntan que la comisión de investigación que arranca este lunes en el Senado es “una pantomima para desviar el foco del Congreso” y añaden que a los de Feijóo “no les interesa investigar sin dobles varas de medir, con absoluta transparencia y caiga quien caiga”. De hecho, no es la primera vez que cuando su mayoría parlamentaria se lo permite veta y bloquea trabajos de fiscalización en las Cortes Generales. Lo hizo hace siete años, en el Senado, con la comisión que pretendía investigar la financiación irregular de los partidos. Lo hizo en 2012, en el Congreso, donde con mayoría absoluta extendió un manto de silencio sobre lo ocurrido con Bankia. Y vuelve a hacerlo ahora con la de la Cámara Alta sobre la compra de material sanitario en la pandemia.