La Junta prevé cerrar esta semana el informe que defina si es incompatible el fichaje del ex número 2 del SAS por Asisa

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este jueves que prevé que Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, emita «en breve, en esta semana» el informe sobre incompatibilidad o no del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán tras conocerse su contratación por la aseguradora privada Asisa. En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del Plan Bucodental de Andalucía , la responsable andaluza de Salud ha apuntado además que será el órgano de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el que «tendrá que estudiar si efectivamente podemos o no contratar» como Administración con Asisa. Catalina García ha mantenido que el exviceconsejero y ex gerente del SAS no comunicó su vuelta a la privada lo que habría permitido poder contar antes con el informe de incompatibilidad o no. En cualquier caso, ha insistido en que «cuando una persona accede a un cargo público político tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar». Igualmente, ha recordado que Miguel Ángel Guzmán «viene del ámbito privado» y que «tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley « después de presentar su dimisión por »motivos personales«, como se argumentó en diciembre al conocerse su marcha. »No vamos a hacer nada que incumpla la Ley. Les dejo tranquilos con eso«, ha apostillado la consejera de Salud. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción está analizando la contratación del que fuera ex número 2 de la Consejería de Salud y exgerente del SAS como directivo de la firma Asisa con cuyo grupo empresarial se han realizado contrataciones de emergencia a lo largo de los últimos años. Esta investigación se produce a raíz de la denuncia formulada por parte del Grupo Mixto Adelante Andalucía y registrada el miércoles. Del mismo modo, el Gobierno andaluz, que asegura que se enteró por los medios de comunicación de esta contratación, ha iniciado un expediente informativo en torno a esta incorporación y al posible incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Andalucía así como a sus consecuencias para las relaciones entre la Administración y la empresa adjudicataria.