Sánchez ha elevado la presión fiscal de empresas y trabajadores en 140.000 millones desde que es presidente

Empresas y trabajadores españoles realizan un esfuerzo fiscal casi un 18% por encima de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal se sitúa en el 39%, a solo un punto de la media comunitaria. Este incremento de la carga tributaria se ha producido mediante la introducción de nuevos tributos y la reforma o transformación de los existentes, siempre al alza, lo que afecta directamente a la tributación y cotización empresarial, al ahorro y a la inversión, y provoca que las empresas españolas sufran una mayor presión fiscal total, superior a la media de sus homólogas europeas.

Así lo ha constatado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe sobre la «Competitividad fiscal 2023», que denuncia la pérdida de competitividad fiscal de España y la elevada presión impositiva que sufren empresas y trabajadores. Con datos de Eurostat actualizados al año 2022 –el último constatable–, pone de manifiesto que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5%, que combinadas suponen un 12,2% del PIB, muy lejos de la media de la UE, que es de un 3,3% en Sociedades y un 7,1% en cotizaciones sociales a cargo de las empresas, es decir, el 10,4%.

Precisamente, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen ya en España el 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%, mientras que lo aportado por Sociedades supone un 7,2%, frente a un 8,1% en la UE. Por tanto, nuestras empresas aportan un 32,4% frente a un 25,8% de las europeas, 6,6 puntos más que la media comunitaria y muy por encima del de otros países de la OCDE. En términos nominales, significa que las empresas nacionales aportarían casi 56.000 millones al Estado en el último ejercicio, que en una comparativa lineal serían casi 12.000 millones más que las sociedades europeas.

Según han calculado los analistas del IEE, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, la presión fiscal en España –entre 2018 y hasta el cierre de 2023– ha aumentado en casi 140.000 millones de euros, lo que supone un incremento de más de un 4% del PIB sumado al crecimiento de la presión fiscal nominal, que se ha elevado hasta el 39% en esos cinco años. Sin embargo, y en este mismo periodo de tiempo, el PIB nominal solo ha aumentado en 255.000 millones.

Este despegue de la carga fiscal sobre las rentas del trabajo, el endurecimiento de la fiscalidad empresarial y el deterioro de la cuña fiscal –la diferencia entre el salario real y lo que se paga en cotizaciones sociales– «ralentiza el crecimiento económico, reduce la renta disponible y lastra la contratación y el empleo», apunta el informe, que incide en que la presión fiscal normativa –que explica la carga de gravamen que del sistema fiscal introduce en la economía– es ya un 17% más elevada que la media de la Unión Europea. Teniendo en cuenta los distintos impuestos, el de Sociedades presenta en España una presión normativa un 28,9% más elevada que la media europea, mientras que en el de Patrimonio ese porcentaje aumenta hasta el 39,6%.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, alertó ayer de que las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión normativa son la imposición empresarial, «con un impuesto sobre Sociedades de los seis más gravosos de la OCDE», y la imposición patrimonial, «la segunda peor de toda la OCDE». A su juicio, una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca «deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas en una economía está globalizada».

Tampoco se salva el IRPF, que se ha situado un 6,1% por encima de la media de la UE, que sumado al efecto producido en la renta por las cotizaciones a la Seguridad Social, la cuña fiscal –la diferencia entre el salario y lo que se cotiza– se elevaría hasta el 59,5%. Para Gregorio Izquierdo, director general del IEE, esto significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado «constituye el 60% del total», es decir, que «por cada 1.000 euros que paga la empresa al trabajador, 400 euros se van en costes laborales».

Respecto a la presión fiscal empresarial, está ya en un nivel superior al de la media de la UE, ya que la suma de la recaudación de Sociedades y de las cotizaciones empresariales ha abierto una brecha superior de dos puntos con Europa. El presidente del «think tank» de CEOE remarcó que cualquier incremento de la recaudación tributaria «debería basarse en el aumento de las bases imponibles, en fomentar el crecimiento económico y en la lucha contra el fraude fiscal, y no en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de la mayoría de los países de nuestro entorno».

Otro de los indicadores que estudia el informe es el Índice de Competitividad Fiscal (ICF), con datos de 2023 de la Tax Foundation, que sitúa a España en el furgón de cola de la OCDE, en la posición 31 de los 38 países analizados, ocho puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019, lo que refleja «el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios», una tendencia «que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron diseñadas con carácter temporal», concluyó el presidente del «think tank».