a controvertida nueva legislación trans vuelve a poner en apuros al Gobierno escocés
¿Quién debe ser considerado mujer? La pregunta supuso el inicio del fin del Gobierno de la líder independentista Nicola Sturgeon y ahora amenaza con hacer lo mismo con el Ejecutivo de su sucesor, Humza Yousaf, ante la polémica creada en Escocia por la nueva Ley de Delitos de Odio y Orden Público. La normativa, que ha entrado en vigor esta semana, crea un nuevo delito por "incitar al odio" relacionado con la edad, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad transgénero o el ser intersexual. Pero los críticos argumentan que la legislación podría usarse para silenciar a las llamadas feministas “críticas de género”, que consideran que los derechos de las mujeres trans no deben ejercerse a expensas de quienes nacen biológicamente mujeres.
Entre los detractores se encuentra JK Rowling, autora de la famosa saga de Harry Potter, quien ha desafiado incluso a la policía a arrestarla. “Si persiguen a cualquier mujer por simplemente llamar hombre a un hombre, repetiré las palabras de esa mujer y nos podrán acusar a los dos a la vez”, matizaba en su cuenta de X (Twitter).
Desde hace ya varios años, la escritora acapara portadas por sus constantes comentarios y publicaciones sobre las personas transgénero, alegando que solo puede ser mujer la persona que nace con ese sexo. A su parecer, los derechos de las mujeres trans opacan la lucha de las personas que nacieron siendo mujeres biológicamente.
En sus mensajes en redes sociales, Rowling señaló que los legisladores escoceses dan ahora mayor valor a los sentimientos de los hombres, en referencia a las personas trans, sobre los derechos y libertades de las mujeres y niñas que ella considera “reales”. "La libertad de expresión y de creencias llega a su fin en Escocia si la descripción precisa del sexo biológico se considera criminal", agregó.
Rowling destacó algunos casos penales, llamando directamente “hombres” a trans condenadas por violencia sexual como Isla Bryson, quien fue mandado a una prisión femenina tras declarar que se sentía mujer mientras esperaba sentencia por un juicio por violación.
Ante las palabras de Rowling, la ministra de Seguridad para las Víctimas y la Comunidad de Escocia, Siobhian Brown, dijo que, si bien utilizar los pronombres equivocados para las personas trans no es un crimen de odio, la policía podría decidir si investiga las expresiones de la autora. Pero la policía de Escocia concluyó finalmente que los comentarios “no se consideran un delito y no se tomarán más medidas”. No obstante, en las primeras 24 horas desde la aplicación de la normativa, se presentaron más de 3.800 denuncias.
El propio primer ministro británico, Rishi Sunak, se ha posicionado con Rowling asegurando que no se debería criminalizar a las personas "por exponer hechos simples sobre biología".
Ante las críticas, el responsable del Ejecutivo escocés, el independentista Humza Yousaf, señala que se está difundiendo “desinformación” y defiende que existe un “triple candado” de protección de la libertad de expresión, que incluye una defensa de que el comportamiento sea “razonable” y compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El líder del SNP asegura que la nueva ley pretende abordar una "creciente marea de odio".
Por su parte, Vic Valentine, de la organización benéfica Scottish Trans, apoya la normativa debido al "grave impacto que los delitos de odio pueden tener en las personas LGBTI" y añade que no criminaliza comportamientos que las personas transgénero podrían simplemente encontrar molestos, ofensivos o incluso transfóbicos.
A principios del año pasado, el Gobierno central de Rishi Sunak utilizó, por primera vez en la historia, la sección 35 de la Ley de Escocia para bloquear una polémica normativa aprobada por el parlamento de Edimburgo con la que se quería reducir la edad para poder cambiar de sexo a los 16 años, eliminar la necesidad de un diagnóstico médico y acortar a tres meses el periodo en el que alguien tiene que vivir en su nuevo género antes de obtener un certificado.
El ejecutivo nacionalista escocés llegó a acudir a los tribunales para impugnar la decisión, aunque su intento de mostrar a Westminster como el enemigo, en esa ocasión no funcionó, ya que la mitad de los escoceses dieron la razón a Downing Street, que argumenta que la normativa entraba en conflicto con la Ley de Igualdad de 2010 al dificultar, por ejemplo, que los espacios solo para mujeres excluyan a las personas que nacieron biológicamente hombres.
El episodio contribuyó a la caída de la líder nacionalista Nicola Sturgeon, cuyas respuestas al caso de Isla Bryson —una mujer transgénero de 31 años condenada por violar a dos mujeres cuando aún vivía como hombre y enviada a una cárcel de mujeres— le acabaron creando más problemas que todos los esfuerzos conjuntos realizados en los últimos años por conservadores y laboristas para frenar el auge nacionalista, ahora en sus horas más bajas.
Una fuente del gobierno de Reino Unido recalca que el Partido Nacional Escocés estaba “llevando a Escocia por un camino muy peligroso, con potenciales efectos seriamente paralizadores sobre la libertad de expresión”. Los conservadores escoceses, que votaron en contra de la legislación cuando se debatió en 2021, han insistido en que la ley debería derogarse.