El Gobierno quita 3.000 millones a autonomías y ayuntamientos para comprar Telefónica

La decisión del Gobierno de no presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas también sobre cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en Telefónica. Ahora, el enfado en comunidades autónomas y ayuntamientos es mayúsculo, tras quitarles Hacienda 500 millones para acometer la compra.

Hay que recordar que la renuncia del Ejecutivo a aprobar unas nuevas cuentas públicas ha abierto varias vías de agua al normal funcionamiento de las administraciones públicas, entre las que una de las más relevantes, por su magnitud y por su impacto, es la no actualización de las entregas a cuenta que reciben los gobiernos autonómicos del sistema de financiación.

Una suspensión que ha dejado en el aire alrededor de 10.000 millones de euros de ingresos que los ejecutivos autonómicos ya habían incluido en sus respectivos proyectos presupuestarios.

En 2019, último ejercicio en el que se prorrogaron los Presupuestos, el Gobierno no aprobó un decreto para la actualización de las entregas a cuenta hasta el mes de noviembre, lo que provocó tensiones de tesorería en algunas autonomías, privadas de una de sus principales fuentes de ingresos extra.

Retenidos 2.500 millones por la prórroga

Ahora, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes de varias autonomías, Hacienda tiene retenidos casi 2.500 millones que corresponden a los entes territoriales por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta, que no se ha producido en todo el primer trimestre del año.

En Andalucía se juegan1.800 millones en 2024 (unos 150 millones al mes); en Cataluña, una cifra similar; Madrid perdería alrededor de 1.400 millones; y en la Comunidad Valenciana calculan un deterioro de cerca de 1.000 millones de euros.

No es poca cosa. Tal vez por ello desde el Ministerio de Hacienda se apresuraron hace unas semanas a adelantar que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas se actualizarán de una forma u otra en el transcurso del año aunque no haya presupuestos aprobados.

500 millones para la compra de Telefónica

Sin embargo, las fuentes regionales consultadas por ECD no ocultan su enfado tras interceptar el desvío a Telefónica de 500 millones presupuestados inicialmente para comunidades autónomas y ayuntamientos.

Han detectado que, en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 vigente, sólo figuran 16.000 millones de euros en concepto de “Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales”, esto es, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos (FLA y pago a proveedores).

De estos 16.000 millones, Hacienda ha destinado 500 para la compra del 3% de Telefónica, anunciada la semana pasada.

El Estado necesita otros 1.700 millones

A finales del año pasado el Gobierno ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10% del capital social de Telefónica en un movimiento que estuvo marcado por el sorpresivo desembarco en la compañía de la operadora saudí STC, que el pasado septiembre se hizo con el 9,9% de la compañía -un 4,9% mediante acciones directas y un 5% con derivados financieros- por unos 2.100 millones de euros.

Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Gobierno en Telefónica tiene un valor de casi 716 millones de euros, con la cotización de la compañía en 4,089 euros al cierre de la semana pasada.

Al mismo tiempo, al precio de mercado actual, la adquisición del otro 7% restante (hasta alcanzar el 10%) tendrá un coste de unos 1.646 millones de euros. En las autonomías y ayuntamientos sospechan que Hacienda tiene retenido parte del dinero que les corresponde, en torno a unos 1.000 millones, para completar el desembarco del Estado en Telefónica.