El valor real de una firma

Las nuevas revelaciones conocidas ayer sobre la actividad privada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, suponen un salto cualitativo que vuelve a comprometer directamente a Pedro Sánchez al frente del Consejo de Ministros por más que la Oficina de Conflictos de Intereses haya resuelto dar carpetazo urgente a cualquier irregularidad. 'El Confidencial' publicó ayer que Begoña Gómez ayudó a dos empresas privadas a lograr una adjudicación directa del Ejecutivo en plena pandemia. En concreto, dejó constancia en una carta firmada por ella de su apoyo a una unión temporal de compañías que se había presentado a unos procesos de licitación del Ministerio de Economía por importe total de 7,7 millones de euros. Este departamento había convocado a empresas que pudiesen crear un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital, en el marco de un contrato financiado por el Fondo Social Europeo, en el que se invirtieron casi 25 millones. La UTE de firmas conocidas por Begoña Gómez acudió a varios de los lotes en concurso. Se trataba de la consultora del empresario Carlos Barrabés en unión con la escuela de negocios The Valley. En total, fueron beneficiados con esos 7,7 millones. Barrabés fue el empresario que puso en contacto a Begoña Gómez con Air Europa en 2019, y posteriormente dotó de contenido al Máster de Transformación Social Competitiva que hoy sigue dirigiendo ella en la Universidad Complutense. Estos son los hechos publicados, y la interpretación solo puede llevar a una conclusión: Begoña Gómez puede mantener una actividad privada, pero siempre que no choque de modo tan directo, ni siquiera por inferencia, con las funciones de Pedro Sánchez. Esas adjudicaciones del Ministerio de Economía, directamente recomendadas por Begoña Gómez, arrojan una sombra de sospecha inaceptable que compromete la ética pública. La mujer de un presidente del Gobierno no debería poder avalar por escrito a las empresas de amigos o conocidos suyos ante el Ministerio de Economía, cuando su marido es el jefe de la vicepresidenta de ese área. Al margen de lo que se está conociendo, y que La Moncloa sigue sin explicar mínimamente porque solo arroja balones fuera ante esta expresión de amiguismo, nunca había ocurrido que la esposa de un presidente hubiese puesto a todo un Ejecutivo en la tesitura de asumir con normalidad una actividad que colisiona de modo tan burdo con la lógica de una incompatibilidad. Y si hoy aún no es una incompatibilidad legal, debería serlo e incorporar a la ley supuestos de este tipo, carentes de ejemplaridad, para que no se repitan. ¿De qué modo podría negarse un funcionario a tramitar una licitación de estas características con la firma de la mujer del presidente como aval? El caso de Gómez, en contraste con todas las esposas de presidentes anteriores, es inédito. Es la primera mujer que prospera en el ámbito privado a raíz de instalarse en La Moncloa. Antes, las mujeres de otros presidentes accedieron a puestos políticos de elección por los ciudadanos; y otras que no lo hicieron abandonaron con excedencias su propio trabajo, precisamente para evitar cualquier duda o sospecha. En cambio Gómez ha conseguido acceder a cargos universitarios que no se corresponden con su trayectoria curricular y ha prosperado en negocios e influencias para empresas que finalmente, como en el caso de Globalia, han sido beneficiadas por el Ejecutivo. La Moncloa debe muchas aclaraciones públicas. No puede, no debería, limitarse a explicar que no hay nada que explicar. Porque ni es cierto, ni es asumible que Gómez se pueda haber convertido en una 'conseguidora oficial' desde Moncloa para oportunistas.