Sindicato rebaja ¢10.000 al mes a 7.000 empleados de CCSS sin permiso, denuncia Fundación
Un sindicato de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), deduce, aparentemente sin permiso, ¢10.000 mensuales a unos 7.000 trabajadores de la institución para un supuesto plan funerario, denunció la Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode).
La Fundación solicitó a la presidenta de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, intervenir para cancelar los códigos deductores a este sindicato, ya que los afectados afirman que las reducciones totales son millonarias.
Fundeprode asegura que trabajadores de la Caja se acercaron a buscar ayuda, ya que las denuncias internas no han dado resultados.
El martes 19 de marzo, La Nación envió consultas sobre esta denuncia a las autoridades de la CCSS a través de la oficina de prensa. Aunque se registró el trámite, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
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Hermez González, vocero de Fundeprode, comentó en un comunicado de prensa: “Se trata de la seguridad jurídica y la economía de más de 7.000 familias de funcionarios. Muchos de ellos ni siquiera son conscientes de que son víctimas de descuentos ilegales en su salario por parte de un sindicato al que ni siquiera se han afiliado”.
González aseguró que este sindicato deduce más de ¢50 millones al mes de los salarios de los trabajadores de la Caja, con la venia de algunos funcionarios de la institución.
Para el vocero de Fundeprode es “inaudito” que la CCSS permita esta situación, a pesar de que se le cancelaron los códigos al sindicato para deducir productos comerciales mediante la planilla del Ministerio de Hacienda. Además, advirtió de que los sindicatos no pueden tener ánimo de lucro y solo pueden deducir montos de afiliación, no el pago de productos comerciales.
La Fundación insta a la Caja a actuar de inmediato y detener estas deducciones. También exige investigar por qué algunos mandos medios permiten que este sindicato continúe con los descuentos. Estas gestiones también se han realizado ante la Contraloría de Servicios y la Defensoría de los Habitantes.