El Estado vuelve a Telefónica

El Estado ya ha adquirido el 3% del capital social de Telefónica a cambio de 700 millones de euros. Y, según ha anunciado el propio Ejecutivo, aspira a llegar, como poco, al 10%.

Nos hallamos, pues, ante el primer caso de una renacionalización empresarial tras la ola privatizadora que iniciaron PSOE y PP durante los 90. Si en aquel entonces lo hicieron vendiendo acciones a los inversores, ahora lo hacen comprando acciones a los inversores. Pero el proceso es simétrico y, precisamente por ello, resulta tan preocupante. Si algo de objetable había en el resultado de las privatizaciones de los 90 es que los mercados privatizados no fueron suficientemente liberalizados y, por tanto, subsistían parte de las dinámicas anticompetitivas y de la interferencia estatal propias de cuando tales compañías eran propiedad estatal. Pero en lugar de intentar solventar esos problemas (liberalizar y despolitizar las antiguas compañías estatales privatizadas), el Gobierno de PSOE-Sumar ahondan en ellos: sobrepolitizarlas por la vía de restatalizarlas.

¿Y exactamente cuál es el propósito de esta medida? Más allá de vacuidades, no se ha ofrecido ninguna respuesta persuasiva. Por ejemplo, Íñigo Errejón, uno de los ideólogos de Sumar, ha jaleado la noticia diciendo que «comenzamos a recuperar soberanía en sectores estratégicos para el país y la economía». Pero, ¿qué significa eso? Pues, en esencia, que el Estado tendrá aún más control sobre esas compañías a las que califican como estratégicas. Y quien dice el Estado está diciendo, en el fondo, los políticos y burócratas que manejen la administración estatal.

¿En qué saldremos beneficiados los ciudadanos de que políticos como Pedro Sánchez o Íñigo Errejón ejerzan un mayor control sobre Telefónica? ¿Prestará mejores servicios? ¿Se volverá más eficiente? ¿Dilapidará menos capital es innovaciones fallidas? Si Sánchez o Errejón fueran capaces de lograr cualquiera de esos objetivos, probablemente ya estarían al frente de una gran empresa cobrando un muy elevado salario: al contrario, estos políticos tratarán de orientar las decisiones estratégicas de la empresa hacia sus obsesiones ideológicas y sus intereses partidistas por ruinosos que sean. Todo ello a costa del cliente, del accionista y del contribuyente.