Argentina no sigue al mundo desarrollado
Una de las manifestaciones más palmarias de la decadencia argentina es la extensión de la pobreza en nuestra sociedad. Es cierto que puede discutirse la metodología de medición y que, de hecho, no todos los países miden la pobreza con iguales técnicas (y utilizando en Argentina la de algún otro país, la tasa sería menor); pero haber llegado a este punto habiendo sido (hace no muchas décadas) una sociedad en la que la cohesión era la más alta de la región, nos ubica ante un signo de las pésimas políticas que nos han guiado.
Resulta significativa la comparación entre la curva de la evolución de la pobreza en Argentina con la de la mayoría de los países vecinos. Simplemente, en la mayoría de ellos la tasa de pobreza hoy es menor que hace algunos años mientras en el nuestro (al contrario) es mayor.
El fenómeno que ha agravado el cuadro es que en Argentina recientemente han caído en la pobreza trabajadores formales (hasta hace poco podía decirse que combatir la pobreza era crear empleo). Lo que nos remite a una causa anterior: la baja productividad de muchos puestos de trabajo; lo que, a la vez, se vincula con la baja tasa de inversión reproductiva argentina. Lo cual, por su parte, se relaciona con una economía mediocrizada, el fomento del empleo público sobre el privado y el mantenimiento de regímenes legales que desalientan el empleo formal.
Pues de lo dicho surge una respuesta de corte sistémico: la recuperación de la inversión reproductiva resultará un pilar para el combate contra la pobreza.
Lo antes referido choca contra la visión tradicional (escuchada en buena parte de la discusión política una y otra vez) que ha postulado -por lustros- que la pobreza se combate con asistencialismo. Ello nos encadena a dos errores: la resignación a sólo morigerar el daño (mero subsidio a los pobres) sin corregir el problema y la trampa de alentar (a través del subsidio a la pobreza) lo que se presume que se combate (lo que se subsidia se promueve).
Pues resulta de valor en esta instancia acudir a un ilustrativo artículo publicado hace unos días en la revista The Economist, A new age of the worker will overturn conventional thinking, que da cuenta (provocativamente y desafiando muchas ‘tradicionales' opiniones en contrario) de que en los últimos años en los países ricos ha mejorado la condición de los trabajadores asalariados en relación al resto. Se está achicando la brecha entre los asalariados mejor pagados y los peor pagados (en favor de éstos últimos).
Especialmente en Estados Unidos, en mediciones en los últimos ocho años, los ingresos de quienes se encuentran en la parte baja de la pirámide de salarios han crecido más rápido que los de los que están en la parte alta de la pirámide. Y en particular desde la pandemia se ha estimado que se ha revertido casi un 40% de la desigualdad que había emergido en los 40 años anteriores.
Para explicar las razones, la fuente acude a diversos motivos: la gran demanda de trabajadores post-recesión (la pandemia generó en EE.UU. una reorganización eficiente porque a los despidos iniciales se le sucedieron nuevas contrataciones que lograron una mejor asignación de trabajadores en función de la readecuación a las tareas); la gradual superación del efecto de la competencia de trabajadores chinos (ya no son tan ‘baratos') que se da en un contexto general -en los países desarrollados- de envejecimiento poblacional (los inmigrantes laborales son una buena noticia); y, muy especialmente, la digitalización (la revolución tecnológica está mejorando sustancialmente la productividad del trabajo e incrementando ingresos por ello).
Pues Argentina marcha a contramano. Padecemos rigidez legislativa, atraso tecnológico, anquilosamiento empresarial. Según el INDEC, el 52% del total de trabajadores argentinos está integrado por la suma de quienes reconocen no percibir los beneficios legales y los que trabajan por cuenta propia (que en numerosas ocasiones podrían o deberían estar bajo un régimen legal más formal). Así, la mayoría está fuera del sistema. En particular, el porcentaje del empleo asalariado registrado en el sector privado descendió desde 2012 desde 56% hasta 47,5%.
Aunque no solo están en problemas los excluidos: los trabajadores privados formalizados perdieron entre enero de 2018 y diciembre de 2023 el equivalente a 10,4 sueldos (los públicos perdieron 12,4 sueldos) por la caída del salario real. Pero quizá es aún peor la perspectiva: la última encuesta global de Manpower releva que en Argentina el 76% de las empresas no logra cubrir sus vacantes; lo que exhibe que el problema no es sólo de demanda de trabajadores sino también de oferta. No se trata sólo de empresas que no deciden contratar sino también de trabajadores que no llegan al requisito. Y, en paralelo, los que llegan al requisito (como parte de la complejidad de lo nuevo) ya miran más lejos: Argentina ocupó en 2023 el tercer lugar en el ranking de países del planeta con más empleados que trabajan desde su país para empresas en el exterior.
La solución al problema parece estar en un paquete múltiple: inversión (productividad), flexibilización (para alentar dinamismo de contratación y asignación eficiente) y mejora en el capital humano (en el mundo desarrollado los que más invierten en mejorar atributos laborales son las propias empresas en sus trabajadores).
Lamentablemente, entre nosotros, hay pocas opciones reformadoras a la vista. Una está en el DNU 70/23 (que pretende mejorar el marco de referencia empresarial general y descongestionar el empleo), pero está obstruido en sede judicial, fue rechazado en el Senado (¿se habrá pensado bien en la materia laboral incluida en la norma?) y es más cuestionado por razones procesales que analizado por la búsqueda de las soluciones que propone.