Juanma Moreno se distancia de gobiernos autonómicos de PP-Vox e impulsa su plan de memoria histórica

El viernes 8 de marzo, el Gobierno de Aragón, conformado por una coalición entre PP y Vox aprobó la derogación de su ley autonómica de memoria histórica. Ese mismo día, la Junta de Andalucía publicó en el Boletín Oficial el primer plan andaluz de memoria promovido por el Gobierno de Juanma Moreno y que viene a ratificar el desarrollo de la ley de memoria histórica aprobada por el PSOE en 2017. Se mantiene así la exhumación de fosas, los trabajos para la identificación de las víctimas, la creación de un Instituto Andaluz de Memoria Histórica, un censo de víctimas o el compromiso de una línea de participación y diálogo con las asociaciones memorialistas. La Ley, por tanto, se mantiene y se va a desarrollar aunque no en los mismos términos que en el anterior plan. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte p rograma una inversión de cinco millones de euros en memoria histórica hasta 2027, lo que supone prácticamente la mitad que la planificada en el marco 2018-2022 que fue aprobada en la última legislatura socialista. Se mantienen, no obstante, la mayor parte de los programas y el compromiso de que se desarrollen iniciativas que cumplan con los principios de « verdad, justicia y reparación « y se destaca la activa política que se ha llevado a cabo en los últimos años en Andalucía que ha estado »a la vanguardia« de España. En su primer Plan, el Gobierno de Juanma Moreno anuncia una inversión de 870.000 euros en los próximos años para continuar con los acuerdos con otras administraciones para la exhumación de fosas que se distribuyen por Andalucía y la recuperación de los cuerpos. Esta cifra, no obstante, es la mitad de la que se incluyó en el anterior plan de memoria. En este sentido, la Junta de Andalucía asume el compromiso de continuar en los trabajos de identificación de los restos, como se planteó ya en el primer Plan en colaboración con las universidades públicas andaluzas. Por este motivo se prorrogará el convenio con la Universidad de Granada para la recuperación e identificación de las víctimas de la guerra civil española y para el mantenimiento del Banco de Datos de ADN de restos óseos desde el que se están gestionando todos los informes que van llegando desde las distintas fosas. La Junta destinará a este objetivo 2,9 millones de euros en los próximos años. Para completar este proceso, la Junta de Andalucía planifica en su nuevo plan la creación de un censo de víctimas andaluzas que permita «continuar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la posguerra«. En ese censo se debe recoger información sobre las circunstancias de fallecimiento o desaparición de cada persona, el lugar o la fecha aproximada en el que ocurrieron los hechos. Junto a esto, en cumplimiento de la Ley de memoria histórica de Andalucía, que data de 2017, el Gobierno autonómico compromete para este periodo la creación de un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía como «servicio administrativo con gestión diferenciada dependiente de la Consejería y que tenga como función el estudio, investigación e impulso de las políticas de recuperación de la memoria democrática». El plan destaca el trabajo realizado durante los últimos años por las asociaciones memorialistas y se compromete a mantener líneas de interlocución y trabajo permanente con los colectivos. De hecho, serán ellos quienes tendrán ahora que evaluar el borrador presentado por la Consejería que arranca su proceso de participación.