El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de trata que dará permiso temporal de residencia a las víctimas sin necesidad de denuncia

El Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario este 8M. Lo ha hecho con la participación de varias ministras para aprobar una batería de medidas que afectan a varios departamentos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado la aprobación del anteproyecto de ley de trata, que abordará desde la trata con fines de explotación sexual a la trata laboral pero también los matrimonios forzosos. Ofrecerá a las víctimas una autorización provisional con permiso de residencia y trabajo mientras se certifica la condición definitiva de víctima. No será necesaria denuncia para acceder a esa autorización ni a los derechos que tienen las víctimas, pero sí una acreditación provisional.

El texto que aprueba este viernes el Gobierno es el mismo que ya estaba sobre la mesa en la anterior legislatura. "No es una ley punitivista, está centrada en la protección y sensibilización y para actuar frente a todas las formas de trata", ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Para que den el paso de denunciar se garantiza la no expulsión del país si lo hacen y poder acceder a toda la batería de ayudas. Se desconecta la denuncia de todos los derechos a los que se podrán acceder", ha añadido. Esos derechos son, por ejemplo, el acceso al Ingreso Mínimo Vital, ser colectivo prioritario a la hora de acceder a una vivienda pública, el acceso a la asistencia letrada o el derecho a cobrar indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trata.

Redondo ha anunciado que, en paralelo al inicio de trámite legislativo, habrá un grupo de trabajo con asociaciones y colectivos que trabajan alrededor de la trata. El Gobierno recabará también los informes preceptivos de organismos como el Poder Judicial o el Consejo Fiscal.

La ministra ha anunciado también la renovación del protocolo frente al acoso en la Administración General del Estado. A partir de ahora, más colectivos podrán acceder a él, esto es, las trabajadoras en prácticas y quienes trabajen en empresas auxiliares. También incluirá un listado de actitudes concretas que son acoso sexual.

El Consejo de Ministros también ha desarrollado uno de los artículos de la ley del sí es sí que estaban pendientes por ejecutar: la puesta en marcha de las ayudas económicas a las víctimas de violencia sexual con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. Podrán percibir un subsidio de desempleo durante seis meses.

También la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado un cambio que afecta a las mujeres que sufran violencia machista. Las situaciones de incapacidad temporal, es decir, las bajas por causa de violencia machista tendrán un tratamiento de contingencias profesionales y no comunes, como hasta ahora. En la práctica, esto supone equiparar sus bajas a las de los accidentes de trabajo, algo que mejora la cuantía: cobrarán desde el primer día el 75% de la base reguladora y no será necesario periodo de carencia.

El Gobierno ha impulsado también un cambio en el sistema VioGén, el destinado al seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género. Según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este mismo 8M la Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una nueva instrucción que modifica los criterios por los que un caso en el sistema pasa a declararse inactivo, ha explicado el ministro sobre el cambio, cuyo objetivo es “prolongar en el tiempo la protección y evitar que pueda sufrir una situación de indefensión prematura en los supuestos en los que pueda haber riesgo”.

La cuestión lleva tiempo preocupando a Interior, que ya anunció a finales del año pasado que revisaría este procedimiento. Y es que en algunos de los casos de víctimas mortales por violencia de género, el caso estaba inactivo en el sistema. En concreto, de los 55 asesinatos que se registraron hasta el pasado 7 de diciembre, ocho estaban inactivos en VioGén, según los últimos datos.

Las modificaciones anunciadas por Marlaska limitan los supuestos para declarar un caso inactivo: desde ahora, los apreciados por la Policía como de riesgo medio-alto o extremo solo podrán ser calificados de inactivos “si se producen circunstancias como la muerte, el encarcelamiento del agresor” y otras análogas que “hagan imposible la agresión”.

Por otra parte, los de riesgo bajo o no apreciado, solo podrán ser inactivados cuando no existan medidas judiciales en vigor o no haya “circunstancias relacionadas con la vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad del agresor” que recomienden lo contrario. Los agentes tendrán además que entrevistarse “al menos una vez y de manera presencial” para reevaluar la situación. En el caso de que no existan medidas judiciales o haya una petición de la mujer para salir del sistema, los agentes usarán el Protocolo Zero, que permite “activar la protección” cuando la mujer es reticente a denunciar, ha explicado Marlaska.

El ministro también ha anunciado una “nueva modalidad” al margen de la inactivación ordinaria de un caso: la inactivación supervisada, que se aplicará en los casos “de alta complejidad” durante un periodo mínimo de seis meses con posibilidad de dos prórrogas trimestrales. En estos casos, se prevé que los agentes hagan evaluaciones de riesgo periódicas con entrevistas personales a la víctima “hasta tener al menos dos consecutivas que concluyan que no hay riesgo para la mujer”.