Las debilidades de la «Operación Influencer» mantienen a Costa como un importante activo electoral para los socialistas
El juez instructor de la denominada [[LINK:INTERNO|||Article|||6553dbefe812b0e476a11da6|||«Operación Influencer»]], el escándalo de corrupción que precipitó en noviembre la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, consideró «vagas» e incluso «contradictorias» las sospechas arrojadas por el Ministerio Público sobre la figura del propio Costa, que presentó su renuncia en cuanto se supo investigado en una causa en la que aparecían señalados como arguidos (sospechosos formales) otras personas de su más absoluta confianza, como su jefe de gabinete, Vítor Escaria, el ya exministro de Infraestructuras, João Galamba, o el empresario Diogo Lacerda Machado, un viejo amigo.
Sin embargo, el magistrado Nuno Dias Costa, que ya apreció el pasado mes de noviembre [[LINK:INTERNO|||Article|||6553dbefe812b0e476a11da6|||acusaciones «desproporcionadas» ]]en el auto del Ministerio Público, consideró a finales de febrero que la explicación dada por los fiscales sobre las sospechas contra Escária y Lacerda Machado por uno de los delitos de tráfico de influencias no estaba del todo clara e incluso podría resultar «contradictoria» al no detallar sobre qué entidad pública habría sido ejercida dicha influencia.
En su investigación, el Ministerio Público sostiene que los encausados en la Operación Influencer «utilizaron los servicios de Lacerda Machado» para llegar hasta Costa. Todo ello con el fin de «presionar» a la secretaria de Estado de Energía y Clima, Ana Fontoura Gouveia, encargada de ejecutar en última instancia las medidas favorables a los intereses del empresario.
Pero en su respuesta al recurso del Ministerio Público contra las medidas coercitivas aplicadas contra los arguidos, adelantada por el diario Expresso, Dias Costa subraya que «la competencia para elaborar decretos-leyes corresponde al Gobierno y no a un secretario de Estado», por lo que presionar a Fontoura Gouveia habría resultado del todo inútil. El juez instructor viene a decir que no se puede imputar el delito de prevaricación a presuntos delitos relacionados con «funciones legislativas».
Una de las voces que ha salido en defensa de Costa ha sido la del expresidente del Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio. El que fuera alcalde de Oporto y candidato a primer ministro de los conservadores en las últimas elecciones legislativas de enero de 2022, en las que Costa conquistó una inesperada mayoría absoluta, criticó en febrero la actuación del Ministerio Público y el silencio de la fiscal general de la República, Lucília Gago. «El primer ministro cae y no dice nada, el Gobierno regional de Madeira cae y no dice nada, no explica nada, y no pasa nada», lamentó Rio en declaraciones al canal de televisión RTP3.
Hablaba sobre la actuación de la procuradora sobre los casos de corrupción que provocaron la caída de Costa y, meses después, la del Ejecutivo regional de Madeira, donde el PSD y el también conservador CSD gobernaban en coalición. «En la práctica, el primer ministro fue despedido por la Procuraduría General de la República», sentenció Rio, que llegó a poner en duda «el control que debe tener» Gago sobre las actividades del Ministerio Público.
No era la primera vez que el exalcalde de Oporto abría fuego contra la Fiscalía, a la que ya había acusado meses atrás de «destruir la democracia». En diciembre, Rio pidió la dimisión de la fiscal general por actuar sin pruebas suficientes en el marco de la Operación Influencer. El exlíder de los socialdemócratas tiene motivos de sobra para estar enfadado con la Justicia. En julio de 2023, la Policía Judicial registró su vivienda y otras 13 residencias privadas de varios miembros del partido conservador, así como sus sedes en Oporto y Lisboa, por unas sospechas de malversación de fondos y abuso de poder que hasta la fecha no han tenido demasiado recorrido.
Rio, quien cedió hace dos años el testigo a Luís Montenegro, actual candidato a primer ministro de la conservadora Alianza Democrática (AD), que integra entre otros el PSD, pide desde hace tiempo una reforma judicial; un asunto que se ha colado en la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 10 de marzo.
El aspirante del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ha cambiado varias veces de posición sobre este tema a lo largo de la campaña. Primero, argumentó que la Justicia estaba funcionando y defendió que la única solución pasaba por seguir la hoja de ruta de los socialistas. Después, pasó a pedir «explicaciones» a la fiscal general y una reforma judicial que contara con un «consenso amplio» por parte del resto de fuerzas parlamentarias. Y, finalmente, acabó cerrando filas con la militancia socialista y otras voces de la opinión pública que pedían presionar a Lucília Gago a fin de que se pronuncie sobre las causas que desembocaron en las dimisiones del António Costa y del presidente del Gobierno de Madeira, Miguel Albuquerque. Pedro Nuno Santos, sin embargo, ha evitado comentar las investigaciones en curso y se ha ceñido a respetar «la independencia judicial».
La Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia mantiene la investigación sobre Costa, pero eso no ha evitado que el primer ministro saliente se implique en la campaña electoral en la que los socialistas se juegan conservar el Gobierno. Y es que Costa arropó a Pedro Nuno Santos el pasado sábado en un mitin importante en Oporto. En cuanto tomó la palabra, los cerca de 4.000 militantes que abarrotaban el pabellón Rosa Mota corearon «Costa, amigo, el pueblo está contigo». El todavía jefe de Gobierno no ha perdido predicamento en las bases; sigue siendo un activo electoral que buscará conducir a Pedro Nuno Santos hasta el palacio de São Bento.