Andalucía urge ahora al Gobierno a crear un tribunal para Barbate cuando hace un año estaba a la cola de sus prioridades

El asesinato el pasado 9 de febrero de dos guardias civiles en Barbate, que fueron arrollados por una narcolancha en el mismísimo puerto barbateño, desencadenó una tormenta social y política que ha conducido hasta a la reprobación en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El PP ha hecho bandera nacional del caso y eso ha tenido su reflejo en Andalucía, donde el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha alimentado la presión al Gobierno central con reclamaciones entre las que ha incluido como prioritaria la del agrupamiento de los juzgados del Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico.

Una urgencia que contrasta con las reivindicaciones que hasta la fecha ha mantenido el Gobierno andaluz, hasta el punto de que en la solicitud más reciente para la creación de nuevas unidades judiciales en Andalucía se incluía a Barbate como la última de las prioridades. En concreto, se solicitaba un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción, que sería el tercero en este municipio gaditano, pero se colocaba al final de la lista: el puesto 23 de 23 propuestas.

Alegaba entonces la Consejería de Justicia que para establecer este orden de prioridades se había llevado a cabo un exhaustivo análisis de las cargas de trabajo de los distintos órganos judiciales, además de "consultas, estudios y proyecciones a futuro". La conclusión fue que no se incluyó ninguna petición para esta zona de Cádiz castigada por el narcotráfico con la sobrecarga judicial que conlleva, incorporándose sólo Barbate en último lugar.

Frente a la perspectiva que se tenía hace un año, al Gobierno andaluz le han entrado ahora las prisas y así el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, exigía el pasado viernes 1 de marzo al Gobierno central en la Conferencia Sectorial que sea "sensible" y "se implique" en el Campo de Gibraltar autorizado allí el primer Tribunal de Instancia. Esto supondría en la práctica una unificación de los juzgados de Barbate, San Roque, La Línea y Algeciras para que puedan abordar de manera más eficiente los casos de narcotráfico.

Desde la Consejería de Justicia se explica que el listado de peticiones se hace de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y sopesando las cargas de trabajo. Frente a las prioridades planteadas por Andalucía, el Ministerio de Justicia "decidió dar sólo nuevas unidades judiciales" y algunas de ellas incluidas a iniciativa del propio Gobierno central pese a que no figuraba en la solicitud andaluz, como es el caso de Dos Hermanas.

Eso pese a "que no era de los prioritarios por carga de trabajo", señalan fuentes de la Consejería de Justicia. "No creemos que no haga falta en Dos Hermanas, pero antes hay otros con muchas más carencias". De paso, se incide en que "casualmente" la por entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, visitó la localidad nazarena en elecciones. Y aunque se admite que Barbate iba última en el listado de peticiones, se considera que, igual que incluyó Dos Hermanas, el Gobierno central podría haber hecho lo mismo con Barbate.

El caso es que ahora se apuesta con urgencia por un Tribunal de Instancia para hacer frente a la alta rotación de jueces y la complejidad de los casos, con conexiones internacionales muchos de ellos, hacen que las causas relacionadas con el tráfico de drogas queden "impunes". Para Nieto, hace falta un "órgano ágil que sea capaz de responder a los retos que plantea la delincuencia que tanto daño hace a los vecinos de esa comarca" de Cádiz, por lo que reclama al Ejecutivo central que de forma inmediata "ponga allí el foco de todas las reformas que se están haciendo en materia digital, procesal y organizativa".

De hecho, pide que este paso se dé "en el menor tiempo posible", y es que considera que "resulta imposible de combatir" la delincuencia en el Campo de Gibraltar "con los medios que tenemos" en la actualidad. Un análisis que ha dado un giro sustancial en menos de un año pese a que la situación es muy similar, aunque evidentemente agravada por el asesinato de los dos guardias civiles y la alarma social generada.