La odisea de Carolina contra la burocracia tras sufrir daños cerebrales durante una operación

Cuatro pisos separan a Zaida Carolina desde su vivienda, a la que se accede sin ascensor, hasta la calle. Desde septiembre de 2022 se encuentra en silla de ruedas tras sufrir daños cerebrales durante una operación. Ha pasado un año y medio en el que, como describe Richard, su marido, no han dejado de “pelear” contra el sistema. La joven de 36 años perdió gran parte de la visión, tiene que ingerir los líquidos con espesante y no puede prácticamente hablar. En los últimos meses ha recuperado algo de peso, pero se ha convertido en una mujer dependiente desde la intervención quirúrgica. Tiene intactos los recuerdos del pasado, su carrera como maestra o su vida con sus dos hijos, pero sí tiene afectada la memoria a corto plazo y la parte del cerebro encargada de las emociones, los impulsos, el equilibrio o la coordinación. 

El calvario de Carolina comenzó, como adelantó este periódico, tras someterse a una cirugía estética, una mastopexia, para sustituir las prótesis mamarias. Tras la operación la joven no despertaba y, cuando lo hizo, su nivel de conciencia estaba alterado y no respondía a los estímulos. Por motivos que no se recogen en los informes, en la clínica Cajal (donde fue operada) no se le pudo realizar un TAC y fue derivada al hospital público Doctor Negrín. Los resultados de ese TAC y otras pruebas como una resonancia magnética o un electroencefalograma evidenciaron el daño cerebral. En concreto, había sufrido una encefalopatía por causa “hipóxico-anóxica”, es decir, a su cerebro no había llegado oxígeno por un tiempo superior del que se puede soportar, pero ni la causa ni el momento en que se produjo se han podido precisar hasta la fecha en los informes médicos. 

Además de la familia, ninguna de las partes implicadas en este caso (la clínica donde fue intervenida, la cirujana y los anestesistas) contestó entonces a las preguntas formuladas por esta redacción. Sus abogados han realizado varios requerimientos tanto a la clínica Cajal como a la cirujana y los anestesistas. Sin embargo, un año y medio después de la intervención, Carolina sigue esperando por un informe del Instituto de Medicina Legal que determine el estado de salud en el que quedó la joven y se puedan exigir responsabilidades. 

Richard explica lo duro que es sobrevivir a este golpe de la vida. Tras la operación, Carolina estuvo ingresada en la unidad de Críticos y después fue derivada al Hospital Ciudad de Telde ICOT para recibir rehabilitación neurológica, pero le dieron el alta en enero. Su marido reivindica que su mujer pueda seguir recibiendo esta rehabilitación específica, pero de momento solo ha podido lograr que Carolina empiece en el área de Rehabilitación para lesionados medulares del Hospital  Insular. 

Explica lo agotadora que es la espera en el Servicio Canario de la Salud, donde a Carolina no la ve ningún psicólogo para gestionar lo que le ha ocurrido y poder hacer frente a sus emociones. Richard indica que el neurólogo además la ve cada cinco meses aproximadamente y que ese tiempo se producen cambios en su salud. Por ejemplo, en julio empezó a convulsionar y desde entonces se encuentra con unos terribles dolores de cabeza. Señala que sí está recibiendo ayuda de un logopeda pero dos veces a la semana durante media hora. 

Insiste en que necesita recursos para destinarlos a su mujer, para que mejore y pueda tener una mejor calidad de vida. Con esos recursos explica que la llevaría a un centro de neurorehabilitación, además de que Carolina cuente con las horas necesarias de neurología, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional… que requiere para su día a día. En estos momentos, Richard se encarga de sus cuidados y ha logrado que recupere parte de la movilidad de un brazo o que pase de pesar 42 a 64 kilos. 

Después de la operación, Richard se vio obligado a dejar su trabajo y a quedarse cobrando solamente los 480 euros del subsidio de desempleo. Más tarde llegó la prestación de incapacidad de Carolina pero “la mayor parte del dinero se va en sus cuidados”. Uno de los reclamos de Richard es una vivienda accesible. En un cuarto piso sin ascensor se complican las salidas a la calle, aunque insiste en que salen todos los días por el bienestar de la joven. Sin embargo, sin un contrato de trabajo se hace complicado alquilar otra vivienda y la opción de entrar en una bolsa de vivienda social para personas con discapacidad se complica ante el hecho de que en Canarias hay una lista de espera enquistada para conseguir la acreditación de persona con discapacidad. 

Richard explica que aún no ha sido valorada en Discapacidad pese haber realizado la solicitud en diciembre de 2022.  “Me multan por aparcar en espacios para personas con discapacidad por no tener la tarjeta que lo acredite, pese a que Carolina va en silla de ruedas”, lamenta. Sin esa acreditación no pueden acceder a otras ayudas o procedimientos. 

La Ley de Dependencia es otra de las áreas que sigue acumulando retrasos. Esta misma semana Carolina fue valorada por segunda vez por las trabajadoras sociales, pero aún queda el tiempo de espera hasta que le sea reconocida la ayuda. Richard cree que el sistema está obsoleto ya que las prestaciones que se ofrecen en materia de dependencia son: residencias, centros de día, una prestación para el cuidado en el entorno familiar que se queda en poco más de 200 euros o la ayuda a domicilio. Explica que ha solicitado esta última sobre todo para recibir apoyo en las tareas del hogar, ya que él siempre se encarga de preparar a Carolina. 

Richard insiste en la importancia de los impuestos ya que todos podemos sufrir algo como lo que le ocurrió a Carolina, pero cree que el sistema requiere de mejoras y que es una lucha constante. Desde las esperas en el Servicio Canario de Salud hasta la espera en las resoluciones de Discapacidad o Dependencia. “Mi intención es denunciar que hemos sufrido y seguimos sufriendo como víctimas del sistema”, insiste Richard, que añade que su desgaste no cuenta porque cuida a Carolina con amor, pero cree que su mujer debería contar con más recursos y herramientas para tener una mejor calidad de vida. “No es justo que después de lo que hemos tenido que pasar tengamos que vivir esto”, lamenta. En este caso, insiste en que hubo “negligencias”, que “se tomaron malas decisiones” y ahora son “víctimas del sistema”.