La precariedad sin horizonte de las residencias de mayores de Madrid

Cuatro años después de que la COVID dejase patente el precario estado de la atención a mayores en las residencias, el modelo de gestión apenas ha experimentado cambios en la Comunidad de Madrid. La actualidad va dejando un reguero de sucesos relacionados con la precariedad, el último de los cuales ha sido el incendio mortal en un centro del barrio de Aravaca. El Gobierno regional no ve problemas de fondo, sin embargo. Lo volvió a reiterar la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el último pleno de la Asamblea de Madrid. "Hemos aumentado el presupuesto, sobre todo en personal y alimentación, entre un 30% y un 50%", despejó, después de haberse jactado de no trasladar a mayores enfermos a hospitales durante el primer pico del virus. También dijo que se reuniría con las familias.

En similares términos laudatorios se expresó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León. "Los 35.000 usuarios y sus familias saben que nuestros centros son seguros, las más de 9.000 comidas que se sirven son de calidad y los miles de trabajadores son excelentes profesionales a los que quiero trasladar nuestro reconocimiento", despachó. Las tres afirmaciones son cuestionadas por familiares y trabajadores del sector.

De las cerca de 500 residencias que hay en la región, solo 25 son públicas en sentido estricto, gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Como en su funcionamiento no interviene el ánimo de lucro, se tienen por las de mayor calidad, con mayores ratios de inversión por persona y mejores condiciones laborales. "Si encontrara trabajo en el Mercadona, me iba", señala, no obstante, Cristina González, de 39 años, auxiliar de enfermería con más de una década de experiencia y trabajadora de la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, de gestión pública. "Desde la COVID, se ha pegado un bajón de calidad tremendo", señala.

La Francisco de Vitoria saltó a la prensa el año pasado después de que los residentes se encontrasen con comida podrida en sus menús, consecuencia de privatizar la AMAS el servicio de alimentación de sus centros de mayores y menores. Al concurso público convocado se habían presentado seis empresas que en la práctica eran tres, pues varias compartían vínculos entre su accionariado y representación. La principal adjudicataria de los lotes fue Plataforma Femar, responsable de la comida insalubre en ese episodio y al menos otro posterior en Colmenar Viejo. En este segundo caso la comida pocha se interceptó antes de llegar al plato.

Pese a ello, Plataforma Femar se ha vuelto a presentar al concurso para los próximos dos años, y de nuevo ha resultado adjudicataria, de dos lotes esta vez y con un tercero todavía en disputa. Los aspirantes eran prácticamente los mismos. De los tres grupos de empresas —que se presentaron como si no tuviesen vínculos— dos figuran en un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por "el reparto de clientes y la posible manipulación de licitaciones relacionadas con el suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios". La investigación continúa en marcha, según las últimas informaciones. La Consejería de Servicios Sociales defendía el año pasado que el contrato se había formalizado siguiendo la ley "al dedillo".

"Las inspecciones vienen con preaviso, te ponen una multa y se acabó", critica González, que además del episodio con la comida considera "frustrante" el día a día. "Trabajas a contrarreloj, viendo que no puedes atenderlos [a los mayores] bien porque no tienes el material suficiente". Esa sensación de frustración es una constante entre los profesionales, también los de las 18 residencias de gestión indirecta; esto es, de titularidad pública pero operadas por empresas privadas. Los trabajadores de la residencia Parque de los Frailes de Leganés acaban de encontrarse con la desagradable noticia de que la última concesionaria, Centenari, que les había puesto problemas para cobrar pagos atrasados, se ha vuelto a llevar el contrato. El sindicato CCOO ha denunciado mala calidad de la comida, averías continuas de las lavadoras, goteras por doquier y montacargas fuera de servicio durante años, entre otras deficiencias.

"Con la alarma por la COVID, pensábamos que nuestro sector iba a mejorar, que la gente iba a tomar un poco de conciencia y que los políticos iban a invertir más dinero en la dependencia […]. Al final ha sido totalmente al contrario; estamos peor. Falta personal, falta material, hay recortes de todo tipo", lamenta Pilar Torres, delegada sindical en la residencia de Leganés y gerocultora con 20 años de experiencia. La residencia de Leganés fue una de las que peor paradas salió de la pandemia. La Unidad Militar de Emergencias tuvo que entrar a retirar cadáveres de mayores fallecidos. Entonces la empresa gestora era Aralia, ligada al empresario José Luis Ulibarri, condenado por la Gürtel. Aralia sigue gestionando otras residencias en Madrid.

Carmen López, una de las portavoces del colectivo de familiares Marea de Residencias, asegura, por otro lado, que ninguna residencia cumple los requisitos de seguridad. "En casi todas las residencias, las personas que son dependientes, si hubiera que evacuarlas y estuviesen encamadas, las camas no saldrían por las puertas y en algunos casos no cabrían ni siquiera por los pasillos. […] No se efectúan los simulacros obligatorios […], ya ha habido muchos incendios, pero a lo mejor no grandes como para [que haya muertes]. En la residencia donde estaba mi madre yo vi una de las salidas de emergencia atada con cadena", recuerda.

El incendio en Aravaca y la negativa del Gobierno regional a publicar las actas de inspecciones policiales durante los peores momentos de la pandemia ha vuelto a traer al frente el problema. "La comida podrida, la falta de personal, los contratos con las empresas reincidentes y ahora un incendio sin ningún tipo de medida de seguridad", enumeró la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. La formación pidió un pleno monográfico para debatir el estado de los cuidados a mayores. El PP, con mayoría absoluta en la mesa, lo rechazó por no considerarlo urgente.

Más Madrid volvió a la carga unos días después llevando a la Fiscalía los informes de las residencias de Madrid ciudad –estos sí, ya públicos– para que investigue posibles delitos de prevaricación, omisión del deber del socorro y trato degradante a los mayores.

El PSOE de Madrid, por su parte, ha pedido una comisión de estudio en el parlamento regional para estudiar mejoras en el modelo de atención. "Ha habido una pandemia donde pasó lo que pasó y aquí no se ha movido un dedo para cambiar nada. Ni para medicalizarlas, ni para reforzar el sistema de inspecciones para que no haya desgracias ni para mejorar el trato y los servicios. […] Podemos seguir muchísimos plenos más dándonos de leches aquí en la Asamblea diciendo lo que se hizo mal o que se hizo bien, pero yo creo que tenemos que empezar a ser más prácticos", justificó su líder, Juan Lobato. Es dudoso que la petición tenga recorrido. A las reclamaciones de la oposición, Ayuso replicó que son "apocalípticas" y "electoralistas".