La investigación alarga la sombra de Koldo García sobre el Ministerio de Transportes hasta su detención
El levantamiento del secreto que pesaba sobre la operación Delorme ha recrudecido la amenaza que para el Gobierno supone la caída de Koldo García. La Guardia Civil controló un encuentro entre el ex asesor de José Luis Ábalos y el antiguo ministro de Transportes semanas antes de la detención del primero. El contenido de los pinchazos telefónicos refuerzan la tesis que el juez venía repitiendo en sus resoluciones, conocidas en los últimos días: la influencia de Koldo en el departamento gubernamental, el segundo con mayor presupuesto, no acabó con la salida de Ábalos, ni siquiera con la del propio asesor, y se mantuvo hasta prácticamente el momento de su arresto.
La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar en secreto hace casi dos años, a finales de abril de 2022. El pasado septiembre, las pesquisas entraron en otra dimensión, de seguimientos y pinchazos telefónicos, al judicializarse el caso en la Audiencia Nacional. Como plasma el sumario, en todo este tiempo no se han obtenido indicios suficientes para imputar a Ábalos, un político que fue de la máxima confianza de Pedro Sánchez, aliado imprescindible para el asalto a la Secretaría General del PSOE.
Las referencias al político valenciano crecen en el sumario según los documentos plasman acontecimientos cercanos al momento actual. Los guardias civiles eligen un término para referirse a él: “intermediario”. Con dos precisiones: es una conclusión que alcanzan al unir una secuencia de acontecimientos, sin que se haya constatado que el ex ministro llegara a mediar, y siempre para referirse a una actuación reciente, muy posterior a la salida de Ábalos del Ministerio.
Esa posible “intermediación” estaría relacionada con el intento de los imputados por esquivar la reclamación que el Gobierno balear que presidía Francina Armengol les hizo de 2,6 millones de euros; no por haber intervenido en la concesión de los contratos por más de 53 millones de euros en 2020, objeto principal de la causa. La participación de Ábalos consistiría en que el "ex jefe" de Koldo, según dice un investigado en un pinchazo, habría pedido "un favor" que le debían. En una entrevista con elDiario.es, Ábalos asegura que nunca intermedió en la concesión de los contratos, ni tampoco en evitar la reclamación de Baleares. "Ni sabía que tenían ese problema (...) Mediar yo con el PP es un poco rarito", añade, en referencia a otras gestiones de la trama que se investigan para saber si hubo gestiones con el actual Gobierno de Baleares para que dejase caducar la reclamación de ese dinero público.
Toda la “influencia” que acumuló Koldo García en el Ministerio de Transportes es inconcebible sin la decisión de Ábalos de ubicar a una persona sin experiencia de gestión, sin formación y sin apenas trayectoria política en la sala de poder del Ministerio de Transportes. Una eventual imputación del ex ministro dependerá de los resultados de esta última fase de la operación, incluidas las declaraciones de veinte personas que la Guardia Civil interrogó entre los días 21 y 22 de febrero, así como los papeles y los teléfonos móviles que les fueron incautados. Fuentes de la investigación explican que los registros resultaron provechosos, sin precisar todavía en qué dirección. Todo ese material debe ser ahora escrutado.
Y a la espera de cómo evolucione la investigación respecto a Ábalos están las revelaciones del sumario sobre la “influencia” de Koldo García en aquel Ministerio de Transportes, pero también en las etapas posteriores, las de Raquel Sánchez y Óscar Puente, en las que del secretario de Estado hacia abajo apenas hubo cambios.
Una de esas revelaciones, acaso la más representativa de la sospecha del juez, es la convicción del antiguo asesor de que los privilegios para su familia podían continuar a día de hoy en el Ministerio. Su hermano trabaja aún para una empresa pública dependiente de Transportes llamada Emfesa, y antes había trabajado en otra, Ineco. En una intervención telefónica de diciembre, Koldo García asegura que a Joseba le esperaba un próximo empleo en Correos, también dependiente del Ministerio.
Koldo García dice que su hermano, quien fuera representante del sector de la seguridad de Navarra en UGT, es amigo de Pedro Saura, el veterano socialista que preside Correos desde el pasado diciembre. Koldo asegura en el pinchazo que Saura también es “amigo” de Ábalos y da por hecho que su hermano sumará su tercer trabajo en una empresa pública de Transportes. Saura hizo público un comunicado horas después de publicarse la información en el que aseguró no tener “constancia” de que Joseba García iba a ser contratado en su empresa y que nunca ha hablado con Koldo de ello. Saura no se pronunció sobre su relación con Ábalos ni con el ex asesor del antiguo ministro de Transportes investigado o con el hermano de éste, igualmente detenido e imputado.
Los pinchazos y seguimientos realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han permitido al juez Ismael Moreno concluir: “Koldo, si bien ya no forma parte de la Administración Pública, tendría capacidad de influencia sobre personal vinculado al MITMA [Ministerio de Transportes] y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”. El levantamiento del secreto del sumario ha permitido profundizar en la afirmación que el juez hacía en los primeros autos conocidos de la causa, hace una semana.
Tras la salida de Ábalos, y en una fecha que el juez no concreta, Koldo García habló hasta en tres ocasiones con la esposa del inspector de Policía Rubén Eladio López para garantizarle que, pese a que él ya no está en el Ministerio, ha movido hilos para que su marido consolide, a su regreso de la baja médica, el nivel 30 de funcionario que tenía como director de Emergencias, Seguridad y Crisis del Ministerio. Koldo García asegura en los pinchazos que ya ha hablado para tal efecto con Ábalos y con el que hoy sigue siendo subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel García Gómez.
Rubén Eladio López está convaleciente desde que sufrió el pasado 5 de noviembre un grave accidente practicando surf en la playa de Gijón en un día de temporal. La intensa relación entre el inspector de Policía y Koldo García, surgida desde que ambos coincidieran en el Ministerio, pronto provocó suspicacias en medios de la seguridad del Estado.
El inspector Rubén Eladio López viajó a Marruecos con una persona identificada como colaboradora de un empresario al que la Inteligencia española vincula con el espionaje marroquí. Ese empresario pagó la estancia del policía en Marrakech, según publicó El Confidencial. En una de las llamadas intervenidas, el propio Ruben Eladio se pone al teléfono de su mujer el 23 de enero y dice a Koldo que "en dos meses" estará de regreso.
La trayectoria de Koldo García no puede explicarse sin ETA y su revés, las Fuerzas de Seguridad del Estado y Navarra. Portero en locales nocturnos donde peligra el que da un paso atrás, concejal del PSN donde nadie se atrevía a presentarse, escolta de políticos objetivos de la banda terrorista, confidente de varios servicios de Información… Koldo García ha compartido sus antecedentes y condenas por hechos violentos con haber estado siempre rodeado de policías y guardias civiles. Hasta él, o hasta algún otro integrante de la trama, llegó el chivatazo de que había “una investigación policial” tres meses antes de ser detenidos. Uno de los imputados es un teniente de la Guardia Civil, ahora en la reserva, que se encargaba de la seguridad del Ministerio.
La Unidad Central Operativa tuvo constancia de que los imputados se sabían investigados el 28 de noviembre pasado. Ese día, Koldo García habló de ello por teléfono con el empresario Juan Carlos Cueto. Eran las 20:36. En la misma jornada, el ex asesor de Ábalos había contactado con Álvaro Sánchez Manzanares, quien ya era director general de Puertos del Estado en el momento en que la trama obtuvo de este organismo una adjudicación por valor de 20 millones de euros, la mayor de los 53,1 que facturaron con las mascarillas. Álvaro Sánchez Manzanares –“Alvarito”, como le llama Koldo– continúa a día de hoy en el cargo.
Se trata de uno de los ocho cargos del Ministerio de Transportes de los que el juez ordenó que fueran requisados sus correos electrónicos corporativos por los indicios de que participaron en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, el instrumento utilizado por la trama para conseguir las adjudicaciones. En la conversación, Koldo García habla de hacer presidente de Puertos del Estado a Sánchez Manzanares y este responde que se conforma con seguir de director general.
La Guardia Civil también se llevó de Transportes los correos electrónicos de Francisco Toledo Lobo, quien fuera presidente del organismo público y que salió con la marcha de José Luis Ábalos. En 2011, Toledo Lobo encabezó la lista del Partido Socialista del País Valenciano por la provincia de Castellón.
El mandamiento del juez autorizaba igualmente a a los agentes de la UCO a requisar cuatro cuentas de correos de la empresa pública Adif, la otra adjudicataria de un gran contrato a la trama, por valor de 12,5 millones. Entre ellas el mail de Isabel Pardo de Vera, quien presidió la empresa pública y luego fue secretaria de Estado del Ministerio. Hasta que la ministra Raquel Sánchez la destituyó en el verano de 2023.
La afirmación del juez de que Koldo García mantendría “capacidad de influencia” sobre altos cargos del Ministerio de Transportes dos años después de haber salido del Ministerio se apoya, entre otros indicios, en las reuniones controladas por la UCO en el restaurante madrileño La Chalana. García Izaguirre se reunió con varios cargos de Transportes desde que el juez autorizó los pinchazos y seguimientos en septiembre de 2023, hace cinco meses. Entre ellos, el subsesecretario del Ministerio, número tres del departamento, Jesús Manuel Gómez García. De este, los agentes de la UCO recuerdan en uno de sus informes es "el primer jefe común" a los entes que adjudicaron los contratos investigados, si bien él no está imputado.
A principios de enero, la cúpula del Ministerio estaba pendiente de los cambios que iba a realizar el actual ministro, Óscar Puente. Koldo asegura en los pinchazos que está al tanto de todo y que ha utilizado a Ábalos para que permanezcan en el cargo los que ya estaban cuando él era asesor. Tras el estallido de la operación Delorme, el ministro Puente anunció una "amplísima" auditoría interna y defendió el papel del subsecretario Gómez García, del que recordó que había declarado como testigo y que no tiene "ninguna vinculación con la trama".
A esos encuentros en La Chalana con el imputado Koldo García y otros investigados también acudió el director general de Emfesa, la empresa pública que sigue contratando a Joseba García. Acudió igualmente Ángel Contreras Marín, director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, así como Cristina Moreno Fernández, directora general de la Sociedad de Infraestructuras del Transporte, empresa igualmente pública del Ministerio.
Es en ese restaurante en el que se produjo el encuentro del pasado 10 de enero entre Koldo García y José Luis Ábalos y que sirve de base a los investigadores y el juez para apuntar el papel de “intermediador” del ex ministro en las maniobras de la trama para no abonar los 2,6 millones de euros que le reclama el Gobierno de Baleares. Es la misma función que atribuyen a Jacobo Pombo, un empresario de la órbita del Partido Popular. Con el portavoz parlamentario de la formación política, Manuel Tellado, dijo Koldo García en un pinchazo que se iba a reunir para desbloquear la situación. No hay constancia en el sumario de que la reunión llegara a producirse.
El contrato con Baleares es otro de los frentes abiertos por la investigación y que ha provocado un cruce de reproches entre el anterior Govern, presidido por Francina Armengol, y el actual, de la popular Marga Prohens. Los socialistas acusan al actual Ejecutivo autonómico de haber dejado pasar el plazo para reclamar los 2,6 millones por una entrega de mascarillas que no eran las pactadas mientras que los conservadores reprochan que sus antecesores esperaran hasta los estertores de la legislatura para reclamar el pago, así como que avalaran la idoneidad del producto en agosto de 2020 en un documento oficial.