La Audiencia Nacional embarga 88 cuentas bancarias vinculadas al caso Koldo
La Audiencia Nacional ha emitido una orden de embargo sobre 88 cuentas distribuidas en varias entidades bancarias, pertenecientes a individuos y empresas relacionadas con el caso Koldo. Esta medida implica la congelación de los saldos existentes y la revocación de las órdenes de transferencia pendientes.
En un auto fechado el 19 de febrero, el juez titular del juzgado central de instrucción número 2, Ismael Moreno, adoptó esta determinación a solicitud de la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, según informa la agencia EFE.
Las cuentas afectadas se encuentran en Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal en España de Indosuez Wealth Europe, Caixabank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco e Ibercaja.
Estás 88 cuentas están asociadas a personas físicas o jurídicas bajo investigación por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias, relacionados con contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el bloqueo al constatar un aumento significativo en el patrimonio de Koldo García, exasesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos, y sospechar que disponía de fondos en efectivo, utilizando a terceros como titulares de bienes.
La investigación también reveló que Víctor de Aldama, uno de los principales implicados, habría adquirido bienes inmuebles y muebles, inicialmente registrados a nombre de las sociedades investigadas y luego transferidos a empresas de sus asociados, aunque permanecen bajo su propiedad. Además, se sospecha que ha invertido parte de sus beneficios en el Zamora Club de Fútbol y ha transferido fondos a cuentas de otras empresas dentro de la estructura empresarial que controla.
En el caso de Juan Carlos Cueto, otro protagonista de la presunta estafa, la Fiscalía observa indicios de que podría estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, así como los beneficios obtenidos. Estos elementos fundamentaron la solicitud de embargos.