La Junta de Andalucía creará un comisionado para la coordinación del pacto por Doñana

El pacto por Doñana contará con un comisionado autonómico que se encargará de la coordinación entre las distintas consejerías, del seguimiento de las medidas firmadas y que participará en la interlocución con el Gobierno de España. Así lo ha anunciado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco , en su comparecencia en el Parlamento en la que explicó que esta nueva figura se formalizará en el Consejo de Gobierno del martes 5 de marzo. El nuevo comisionado para la coordinación del acuerdo de Doñana se hará cargo así de compatibilizar las medidas e iniciativas que son competencia de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, a través de la Delegación Provincial de Huelva; la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; y el área de Fomento y Ordenación del Territorio. De esta forma, además, se reforzará el trabajo de evaluación del desarrollo del pacto que ya está previsto que realice la Comisión de Seguimiento incluida en el acuerdo. «Hemos alcanzado un gran acuerdo, y estoy convencido de que su ejecución está garantizada. Y para reforzarlo, nos estamos dotando de instrumentos y medios para lograr la mayor coordinación y cumplimiento de los objetivos«, explicó el consejero Ramón Fernández-Pacheco en el Parlamento, donde destacó el alcance de las medidas previstas en el acuerdo de Doñana y el importante apoyo que ha recibido, entre otros, de todos los miembros del Consejo de Participación de Doñana. El anuncio de la creación del Comisionado por el Pacto de Doñana se produce unos días después de que el acuerdo afrontara su primera crisis debido al conflicto abierto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España debido a la inclusión de una modificación del reglamento de Montes, con incidencia en la Corona Norte de Doñana , que fue incluida en el decreto de simplificación de la Junta de Andalucía. La polémica, no obstante, se frenó en apenas 24 horas tras una conversación entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. En apenas unos días, el martes 27 de febrero, la Junta de Andalucía cumplió con el acuerdo con el Gobierno de España y rectificó el polémico artículo con un nuevo decreto con efectos retroactivos para evitar que ningún propietario de suelos pudiera acogerse a la vía que se abría con el decreto de simplificación.