La jueza cita a declarar a una consejera de Armengol por las menores tuteladas en Baleares

El juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha citado a declarar a la exconsejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago , y al expresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, por el caso de las menores tuteladas que fueron víctimas de explotación sexual durante el gobierno de la socialista Francina Armengol. Ambos han sido citados el próximo 5 de marzo a las 12.00 horas. Vox presentó la querella en enero de 2022 a raíz del caso concreto de una menor tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que se fugó del centro de menores y estuvo en paradero desconocido durante más de un año. SOS Desaparecidos llegó a emitir una orden de búsqueda que decía: «Desaparecida el 18 de agosto [de 2020]. Pelo largo y liso. Ojos marrones». Tras la difusión pública de su desaparición, la entonces presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, aseguró en el parlamento autonómico que la joven «estaba en contacto con el IMAS» y que llamó a la institución insular al ver su fotografía publicada en los medios de comunicación. Desde el IMAS alegaron que la chica había pedido emanciparse y estaba viviendo con su pareja. Noticia Relacionada estandar Si El chivatazo a Koldo: cuatro meses antes de su detención sabía que la Guardia Civil investigaba la trama Isabel Vega Tal y como publicó ABC, la familia materna denunció que no tenía constancia de la desaparición en todo ese tiempo. Recriminó a Armengol que «supiera dónde estaba y no fuera a buscarla» . «¿Cómo puede ser que la Policía no sepa dónde está y el IMAS sí?», declaró su prima. El 30 de septiembre, Vox denunció en la Fiscalía estos hechos por presuntos delitos de abandono de destino, por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos. En noviembre s e amplió la denuncia apuntando la existencia de un atestado policial en conocimiento de Fiscalía con el que instruir la investigación en sede judicial. Además, Vox denunció que la menor estuvo en contacto con el IMAS durante su desaparición y «fue presuntamente coaccionada y conducida a una clínica privada para practicarle un aborto». La denuncia que ahora ha provocado la citación de estos dos responsables políticos fue presentada por el ex presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, ahora diputado en el Congreso, se hizo constar que en noviembre de 2021 se presentó una ampliación de la denuncia sin que se hubiera comunicado hasta la fecha ninguna novedad al respecto. Vox interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción instando a investigar judicialmente «el escándalo« y «ante la inactividad de la Fiscalía». El Grupo Parlamentario Vox ha celebrado la decisión del juez, remarcando que a Santiago y De Juan se les tomará testimonio por un caso de menores tuteladas «prostituidas y, en un caso, obligadas a abortar». El portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Vox, Agustín Buades, asegura que ahora «se podrán conocer las responsabilidades de los políticos que miraron hacia otro lado durante todo este tiempo«. «Tras el gran escándalo del octenio negro de la pasada legislatura, al fin podremos empezar a ver qué responsabilidades tienen los políticos sobre las agresiones sexuales y violaciones de las menores tituladas por el IMAS«, ha manifestado Buades. Además, ha insistido en que seguirán pidiendo una auditoría al Instituto »para que no se vuelva a repetir jamás un escándalo de estas dimensiones«. El escándalo de las menores tuteladas abusadas sexualmente trascendió la mañana de Navidad de 2019 cuando una adolescente de 13 años tutelada por los servicios sociales pidió auxilio a su monitora por WhatsApp y denunció que había sido víctima de una violación grupal. Poco después, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual, 15 niñas y un niño. El Gobierno insular, formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més, bloqueó cualquier investigación en profundidad sobre las denuncias de casos de menores tutelados víctimas de explotación sexual. A cambio, montó una comisión política que c oncluyó que no había responsables políticos y trasladó la culpa a la sociedad. Nadie dimitió por este asunto, todo lo contrario; Javier de Juan, el máximo responsable político del IMAS, fue ascendido recientemente a conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, liderado por la socialista Catalina Cladera. Este asunto también llegó al Parlamento Europeo. En enero de 2021, la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs , solicitó el envío de una misión para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se han producido esos casos de explotación. A raíz de esta petición, en febrero la Eurocámara pidió explicaciones al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago. La escueta respuesta fue que los casos de abusos que se conocen son remitidos a la Justicia. Una comisión de eurodiputados visitó Baleares en abril de 2022 para entrevistarse con políticos, expertos, familias, técnicos, policías, periodistas y asociaciones de menores e investigar la explotación de menores bajo la tutela del gobierno insular que presidía la socialista Catalina Cladera. Fina Santiago fue una de las consejeras que declararon. En su informe de conclusiones, el Parlamento Europeo alertó del posible riesgo de «encubrimiento político» por parte de las instituciones políticas de Baleares. Exigió «replantear el sistema de protección de menores tutelados», modificar los protocolos de actuación y mejorar la coordinación entre las instituciones.