La Fiscalía denuncia la malversación de 10 millones en la compra de mascarillas por el Gobierno canario
La Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria se ha querellado este martes contra cuatro empresarios por apropiarse de 10 millones de euros de los 22,9 que les pagó en total el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres por material sanitario antiCOVID, según recoge EFE.
El Ministerio Público acusa a empresarios de Canarias y la Península de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda por haberse quedado esta cantidad de dinero público sin llegar a entregar todo el material por el que les había pagado el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres a través de contratos firmados en 2020 y 2021.
La empresas a las que se les encargó el suministro de las mascarillas y otros elementos de protección sanitaria son Damco Trading Services y Tanoja Services, ambas con domicilio fiscal en Madrid.
Los implicados son el empresario N.J.F., administrador único de las dos citadas compañías. M.A.R.A. y L.B.L.C., profesionales canarios vinculados a dos entidades mercantiles a las que se les transfirieron los fondos que ingresaron en un primer momento Damco y Tanoja de la administración ínsular.
Y C.C.E. como cuarto querellado al que también se le relaciona con el destino último que tuvo el dinero público presuntamente malversado.
Las diligencias de la Fiscalía que han acabado en una querella formal partieron de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) después de que observasen desajustes entre los pagos realizados a las compañías y el material que llego a ser suministrado.
Según se informa públicamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Servicio Canario de Salud (SCS) contrató a estas dos sociedades para que le suministraran fundamentalmente mascarillas quirúrgicas y de FPP2, guantes de nitrilo y bastoncillos de uso hospitalario utilizados para tomar muestras biológicas para las pruebas de Covid.
La denuncia obligó a la Fiscalía de Las Palmas a elevar una consulta a la Fiscalía Europea para saber si les interesaba hacerse cargo de la instrucción al constar que la compra del material fue abonado en parte con dinero de fondos de la UE.
En cambio, la Fiscalía Europa decidió que la causa judicial siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, tal y como han precisado fuentes del Ministerio Público consultadas por la agencia.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., también implicada en la venta con 'mordidas' de mascarillas.