MOPT lleva años sin atender delegaciones con órdenes de clausura, denuncia sindicato de Tránsito
Varias delegaciones de la Policía de Tránsito se mantienen en malas condiciones a pesar de órdenes sanitarias que datan de varios años y un fallo de Sala Constitucional del 2020, denunció el sindicato de oficiales de Tránsito en un oficio enviado a la ministra de Salud, Mary Munive.
En el documento, el secretario general de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa), Joselito Ureña, pide a la ministra que ordene a los responsables de cada área de salud que realicen una “inmediata inspección” de los establecimientos que cuentan con órdenes sanitarias, algunas de ellas de clausura del edificio.
“Esto debido a que no existe, como se puede ver al día de hoy, un plan de intervención e inversión para algunas de las instalaciones físicas donde funcionan algunas de las ya mencionadas Unidades Policiales”, indica el oficio enviado el 24 de enero, del cual La Nación tiene copia.
También se señala que la dirección ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) indicó al gremio que la Policía de Tránsito no destinó presupuesto en el 2024 para construir, remodelar o darle mantenimiento a las instalaciones deterioradas.
“El problema es que las instalaciones se están cayendo, los compañeros de Alajuela me estaban contando que consiguieron pintura entre todos y se pusieron a medio pintar porque hasta que daba vergüenza. La cantidad de carros y motos detenidas que hay, eso es una bomba de tiempo, imagínese cuánta gasolina están acumulando los tanques de esas motos, de esos carros”, declaró Ureña a La Nación.
En el recurso de amparo presentado por el mismo Ureña en el 2020, el cual la Sala declaró parcialmente con lugar, se mencionan 24 instalaciones con órdenes sanitarias incumplidas. Los magistrados ordenaron a Salud que en 16 de ellas se realizaran inspecciones inmediatas, entre ellas la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote, así como instalaciones en Heredia y Alajuela, sobre las cuales pesan órdenes de cierre.
En el recurso de amparo se constató que hay delegaciones que llevan más de una década con orden sanitaria, como la emitida el 9 de setiembre del 2007 en la sede de Cañas, o la del 7 de junio del 2013 en Limón. En este último caso, Salud había ordenado la instalación de lámparas de emergencia, reubicar un cilindro de gas fuera de la cocina, disminuir la aglomeración de automotores en el patio, entre otras indicaciones.
La Sala también ordenó a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) que en 18 meses, después de notificada la sentencia, hicieran todo lo posible dentro de sus funciones para cumplir con las órdenes sanitarias, lo que implica reparaciones en muchos edificios.
En agosto del 2022, el entonces director de la Policía de Tránsito, Alexánder Solano, solicitó a la Sala Constitucional una prórroga para preparar el presupuesto y cumplir con el mandato. Los magistrados aceptaron darle seis meses más, pero según Ureña, al día de hoy la mayoría de esos edificios siguen presentando condiciones estructurales y sanitarias “más que deplorables”.
El representante sindical dijo a la ministra que “no queda más que su representada tome ya las acciones correctas y en cumplimiento con lo ordenado por la honorable Sala Constitucional”.
Ureña aseguró a este medio que le va a pedir a la Sala que se testimonien piezas al Ministerio Público por posible incumplimiento de ese fallo por parte del Ministerio de Salud.
Este medio pidió declaraciones al MOPT y al Ministerio de Salud, además se intentó contactar al director de la Policía de Tránsito Oswaldo Miranda por teléfono y WhatsApp, pero al cierre de edición no hubo respuesta.