El bloqueo del Poder Judicial provoca una sangría en el Supremo que ya acumula 25 plazas de magistrados sin cubrir
Casi una de cada tres plazas está sin cubrir en el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional encargado de fijar los criterios sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las normas que rigen para todos los ciudadanos. La jubilación de la magistrada Celsa Pico, de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), ha elevado esta semana a 25 —de un total de 79— los puestos vacantes en el Alto Tribunal. Y ha vuelto a evidenciar los efectos que tiene sobre la actividad de los tribunales el inédito lustro de bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del Partido Popular.
La judicial es una carrera a la que se accede a través de una dura oposición. Una vez adquirida la condición de juez, muchos ascensos están reglados y se alcanzan según el escalafón de los aspirantes, donde se tienen en cuenta elementos como la antigüedad o los méritos profesionales. Pero la llegada a las cúpulas depende de la designación discrecional de los vocales del CGPJ, a los que nombra el Parlamento. Esos mismos cuya renovación el PP lleva más de cinco años bloqueando con una sucesión de excusas cambiantes y crecientes.
Esos puestos de relevancia —jueces del Supremo, presidencias de la Audiencia Nacional, los tribunales autonómicos y las audiencias provinciales, entre otros— no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos cuando, como sucede ahora, está en funciones. Hasta entonces, un órgano ampliamente caducado había hecho 74 nombramientos en puestos clave. 21 de ellos en las distintas salas del Alto Tribunal, donde las designaciones se consideran prácticamente vitalicias porque los jueces pueden permanecer hasta su jubilación con 72 años.
Fue un cambio legal promovido por el PSOE y Unidas Podemos y que ha sido recientemente avalado por el Tribunal Constitucional. Con esta reforma, los partidos que entonces gobernaban en coalición pretendían, por un lado, presionar al PP para llegar a un acuerdo ante la situación generada por la imposibilidad de cubrir plazas; y, por otro, evitar que un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, comprometiera la configuración del principal tribunal del país para las próximas décadas.
La norma consiguió detener los nombramientos, pero el PP se ha seguido resistiendo a pactar una salida al bloqueo que le haría perder poder en la institución más importante del tercer poder del Estado. El actual pleno cuenta con 16 de sus 21 miembros originales, de los que diez son conservadores y seis progresistas. Su presidente, el conservador Vicente Guilarte, también es interino. Y todo ello sigue así, pese a la “preocupación” de Bruselas, donde ambas partes —conservadores y socialistas— afrontan un nuevo intento de llegar a un acuerdo a través de la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. La próxima reunión está prevista para el lunes 19 de febrero.
Las consecuencias de esta parálisis ya se dejan ver en los tribunales tras casi tres años de veto a la designación de jueces. La situación es especialmente precaria en el Supremo, donde las plazas vacantes acaban de llegar a 25 como consecuencia de la jubilación, renuncia o fallecimiento de sus titulares. Además, dos presidentes de Sala —los de la Tercera y la Cuarta— están en funciones. Su actual presidente, Francisco Marín, calificó la situación de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la última apertura judicial. Él mismo es un presidente en funciones por ser el más antiguo de los cinco presidentes de sala del Alto Tribunal desde la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2021.
Según fuentes del Alto Tribunal, el escenario es “especialmente crítico” en las Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que dirime, entre otros, los pleitos que afectan al Gobierno; y la de lo Social, que se ocupa principalmente de asuntos de índole laboral. Esta última es “la más perjudicada”, pues de 13 magistrados tiene seis plazas vacantes, casi el 50%. En la de lo Contencioso son 12 de sus 33 sillones los que están sin cubrir.
La situación obligó a reaccionar al Supremo, que reclamó al Ministerio de Justicia que reforzara el gabinete técnico con jueces de otros tribunales que pudieran hacer borradores de sentencias repetitivas o con jurisprudencia consolidada para poder paliar así la situación del órgano. Los primeros ocho letrados se incorporaron en otoño de 2022: cinco en la Sala de lo Civil y tres en la de lo Contencioso. Pero el mantenimiento del bloqueo obligó al Alto Tribunal a reclamar más refuerzos y Justicia accedió en abril del año pasado a crear otras 15 plazas de letrados. Pero estas no se hicieron efectivas hasta septiembre porque hubo un largo proceso de selección, indican fuentes del Supremo.
En total, son 23 los magistrados que realizan labores de apoyo en la fase de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante. El pasado diciembre, durante su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro Félix Bolaños cifró en 2,5 millones de euros el “coste medio anual” que suponen esos refuerzos para las arcas públicas.
No obstante, un informe del director del gabinete técnico del Supremo realizado el año pasado a petición del CGPJ sostenía que la dotación de estas plazas no implica ningún coste económico suplementario por encima de las previsiones presupuestarias ordinarias. El argumento es que suplen el vacío dejado por unas plazas no cubiertas que no han devengado las retribuciones que les corresponden. La realidad es que la retribución de estos letrados es “claramente inferior” a la de los magistrados del tribunal.
La respuesta a los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial ha centrado en los últimos tiempos parte del debate entre los vocales del CGPJ. Hace un año incluso se llegó a celebrar un pleno monográfico sobre este asunto que acabó sin acuerdo alguno por el choque entre los vocales. 14 de los 18 consejeros mostraron su disposición a llevar a cabo alguna iniciativa que evidenciara los efectos de la parálisis pero no hubo acuerdo ni en el qué ni en el cómo.
La Comisión Permanente propuso instar al Congreso y al Senado a renovar la institución y, en caso de no producirse, reclamar la modificación de la ley del Poder Judicial para que se les devolviera la “atribución” de hacer nombramientos. Su texto también insistía en que esa reforma está generando “gravísimos perjuicios” a la tutela judicial de los ciudadanos. Pero esa iniciativa sólo recibió siete votos (cuatro progresistas y tres conservadores).
Esa votación evidenció un distanciamiento temporal entre los miembros del bloque conservador. Cinco de sus miembros –los que suelen tener posiciones más críticas con el Gobierno– la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial.