Pluna estaba «muerta hacía una década», dijo Mujica tras el fallo contra el Estado uruguayo
El expresidente de la República, José Mujica, dijo este miércoles que el cierre de la aerolínea uruguaya Pluna era la única salida a esta empresa de bandera que estaba en quiebra “hacía una década”, pero remarcó que los gobiernos son responsables.
“Pluna era una cosa que estaba muerta hacía una década”, dijo el expresidente a VTV. Afirmó que la alianza con la brasileña Varig y las acciones sucesivas, “lo único que hicieron fue agravar el asunto”.
Reconoció que las administraciones nacionales que estuvieron en ese momento fueron responsables y que, aunque con so “no arreglamos nada”, es una “pérdida de valor para el pueblo uruguayo”.
“Algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven y los latinoamericanos seamos menos cornudos y seamos capaces de crear una corte de derecho que obligue a las empresas trasnacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá”, remarcó.
Agregó que “es el precio que pagamos por la dependencia” porque “los latinoamericanos hemos logrado hacer una corte sobre derechos humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos de la justicia del mundo rico”.
Uruguay condenado a pagar US$80 millones por cierre de Pluna
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) ha dictaminado una resolución desfavorable contra el Estado uruguayo en relación al cierre de la aerolínea nacional Pluna, durante la administración de José Mujica.
La sentencia señala la responsabilidad de Uruguay debido a la demanda presentada por una empresa de Panamá que era accionista de Pluna. La denuncia, iniciada y bajo investigación desde 2019, buscaba obtener una compensación económica.
En este veredicto, el Ciadi ha estipulado que Uruguay debe abonar a la empresa la suma total de US$ 80 millones, según lo establecido en la sentencia emitida en Nueva York, Estados Unidos.
La cifra es así de grande debido al cálculo de intereses acumulados desde el cierre de la aerolínea. Inicialmente, se había fijado en US$30 millones. Además, el documento indica que habrá una multa de US$500.000 por cada mes de demora en el pago por parte del Estado uruguayo.