La RAE defiende la libertad frente al lenguaje inclusivo del Congreso

Tal y como adelantó ABC el pasado viernes , la Real Academia Española (RAE) ha emitido un comunicado mostrando su rechazo a la guía de 'Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria' aprobada por unanimidad por la mesa del Congreso el pasado 5 de diciembre. El documento aconsejaba, entre otras cosas, priorizar el uso de términos que no presenten variación de género. Por ejemplo: en lugar de decir «los funcionarios», propone optar por el más neutro «funcionariado» o «el personal funcionario»; la misma lógica rige para «los empleados» («el personal»), «los ciudadanos» («la ciudadanía») o «el presidente» («la presidencia»). La idea central del texto que critica la Academia es que hay que evitar el masculino genérico por no ser inclusivo. Precisamente, la respuesta de la Docta Casa rechaza esa idea de forma frontal. «Hemos argumentado en múltiples ocasiones que el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos, y hemos explicado también con detalle que el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca». Noticia Relacionada estandar Si «No diga el presidente, diga la presidencia»: la RAE estalla contra el lenguaje inclusivo en el Congreso Jesús García Calero La Academia emitirá inminentemente una nota crítica contra la guía de lenguaje no sexista difundida por Armengol En su argumentación, la institución ataca la línea de flotación de la corriente ideológica que defiende este tipo de medidas. «La RAE ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que comparte por completo la convicción de que las mujeres y los hombres han de poseer los mismos derechos y los mismos deberes en las sociedades democráticas, y es igualmente consciente de que todavía no se ha alcanzado plenamente dicha equiparación entre nosotros. Entiende, a la vez, que no se avanza hacia la consecución de tales logros modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no», asevera. Luego continúa recordando que «las sociedades en las que se hablan lenguas que organizan de otra forma las propiedades morfológicas del género» no son necesariamente «más democráticas que la nuestra». Por otro lado, los académicos critican parte del subtexto de la guía aprobada por la mesa del Congreso, pues esta supone que sería sexista «el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos». Porque, recordemos, el documento en cuestión se refiere siempre a la comunicación parlamentaria y reconoce que sus normas no serían aplicables a textos «literarios o argumentativos». Ante esta situación, la RAE propone dos lecturas entre irónicas y severas. «Cabe pensar, por un lado, que las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista dejan misteriosamente de serlo cuando no aparecen en textos oficiales. La otra opción, más preocupante incluso, consiste en suponer que los hispanohablantes están autorizados a expresarse en un lenguaje sexista a menos que representen a la Administración o redacten discursos públicos. Sospechamos que, tras esa peculiar disyuntiva, se esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia entre el universo oficial y el mundo real». En su conclusión, la Academia defiende que la lengua no se puede dirigir desde la esfera política. «Es más que evidente que cada uno puede expresarse con las fórmulas lingüísticas que libremente elija. En cualquier caso, la RAE ha defendido en sus documentos que no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales», insisten. Y rematan: «No se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos, mejorando la educación que nuestros jóvenes reciben en la escuela y trabajando de otras muchas formas por una sociedad que refleje de manera efectiva todos esos valores».