Aprobado el plan anual de fiscalizaciones del Consejo de Cuentas con 29 nuevos informes

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León aprobó esta tarde el Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas, que incluye 29 nuevos trabajos, con 28 fiscalizaciones de carácter legal y especial, y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. Recoge, además, las 24 auditorías de planes anteriores cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio. El Plan de fiscalizaciones para este año profundiza «desde una orientación constructiva en los fundamentos competenciales de la Comunidad», poniendo de relieve «la importancia que para el futuro de la Comunidad tienen la educación, la adecuada financiación del gasto social, la sociedad digital, el medio ambiente y el papel fundamental de la administración local en la vertebración territorial», afirmó el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. De esa forma, la actividad del órgano de control externo alcanzará e ste ejercicio 53 informes en distintas fases de tramitación. Afirmó que la institución trabaja con «plena normalidad» afrontando la posibilidad de asumir nuevas competencias «que, en todo caso, no deberían generar solapamiento de las competencias propias del Consejo de Cuentas y que deberían ser asumidas con la imprescindible dotación presupuestaria y de personal; es decir, no a coste cero, y ejercidas con la necesaria separación de funciones». Competencias que, en su caso, «harán necesario abordar las reformas normativas planteadas por el Consejo de Cuentas en 2021, cuando insistíamos en la necesidad de mejorar el régimen del personal para poder garantizar el mantenimiento de la plantilla y una adecuada cobertura de plazas, y, en segundo lugar, favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas». También, agregó, «reforzar la independencia y garantizar la autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos». Y precisamente en este aspecto reiteró que «el Consejo de Cuentas es la única institución de control externo de España que no aprueba autónomamente su plan anual de fiscalizaciones al ser competencia última de las Cortes». Una circunstancia que justifica «la elaboración de planes de gran amplitud y contenido, advirtiendo siempre que su ejecución superará el año natural con el fin de poder mantener la actividad normalizada de la institución ante cualquier eventualidad ajena a su ámbito de decisión», explicó. En primer lugar, las fiscalizaciones a realizar por mandato legal son las correspondientes a la Cuenta General de la Comunidad 2023; los expedientes justificados al FCI 2023, la contratación administrativa de la Administración general e institucional de la Comunidad en 2023 y el informe anual de las cuentas del sector público local 2023. Cuatro trabajos que posibilitan una «visión amplia y homogénea de la gestión de las administraciones autonómica y local de la Comunidad, permitiendo además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución», apuntó. Noticia Relacionada estandar No Castilla y León creó el pasado año 2.754 sociedades mercantiles, un 7,5 por ciento más que en 2022 ABC El capital suscrito suma 152,2 millones de euros y la Comunidad pierde 1.226 empresas Carácter especial En segundo lugar, en las fiscalizaciones de carácter especial, ocho corresponden al ámbito de la Comunidad para continuar con el seguimiento de los principales gastos a nivel presupuestario y 16 al ámbito local . Así, en el primer ámbito se iniciará una auditoría financiera de la Gerencia de Servicios Sociales, de manera similar a la ya realizada sobre la Gerencia Regional de Salud. También, se analizará la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria. En este caso, a nivel operativo se analizará la eficiencia, a través de la comparación de los gastos de funcionamiento por alumno de un centro público y otro concertado –también financiado con fondos públicos— seleccionando al efecto dos centros con características similares. En la parte de legalidad se analizaría si se han realizado las funciones de inspección de los centros docentes y si se realiza un control económico de los fondos transferidos. En relación con la Gerencia Regional de Salud, se prevé una auditoría de ciberseguridad referente a su gobernanza, al igual que para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como organismo pagador que gestiona los gastos de la PAC. Por otra parte, se propone un análisis a nivel operativo de la situación de los planes estratégicos de subvenciones de la comunidad autónoma, etapa 2013-2023. Ámbito local Con referencia al ámbito local, Amilivia significó que el Plan es como siempre expresión de la «importancia que concedemos al municipalismo en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional». Así, destacó la fiscalización de las mancomunidades de municipios, de los consorcios y de otras entidades asociativas de Castilla y León como fórmulas alternativas a la reducción de la planta local. Precisó que la Comunidad cuenta con 241 mancomunidades, de las que forman parte 2.035 municipios, el 90,5% del total, además de 47 consorcios, 18 adscritos a ayuntamientos, 22 a diputaciones, 2 a entidades locales menores y otros 4 estaban pendientes de adscripción, según los últimos datos censales. El objetivo es verificar si estas fórmulas asociativas de carácter voluntario para la prestación de servicios y desarrollo de actividades constituyen una fórmula acorde con los principios de eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece la normativa y representan una opción que deba mantener su vigencia en detrimento de alternativas como reducir la planta local.