En defensa del liderazgo del funcionariado

En un contexto de disrupción tecnológica y de rápidos cambios en el ámbito socioeconómico, en el que se anuncia una insondable transformación de nuestro entorno, acentuada por la conectividad global y los avances de la inteligencia artificial, la acción pública y el perfil de sus líderes debe, sin duda alguna, renovarse. La sociedad se ha transformado profundamente y la función pública debe acompañar ese proceso de cambio mediante una adaptación constante, no sólo de sus métodos y estructuras, sino también de sus recursos humanos y de los medios de producción efectivos con los que actúa, con la vista puesta en la mejora continua del servicio público y del afianzamiento de un trato igualitario a la ciudadanía en toda España. La reforma de la función pública en ciernes, y las que la sigan, en especial aquellas que afecten al directivo público profesional, serán determinantes para lograr esa transformación eficaz, en aras del interés general, así como para detener el desgaste actual del liderazgo funcionarial. Ahondar, como al parecer se pretende, en la discrecionalidad en la contratación de nuevos efectivos, la libre designación de puestos de trabajo, la rebaja de las exigencias para el acceso a la condición de funcionario, la fragmentación de jurisdicciones en áreas de competencia nacional, o la apertura de los niveles orgánicos más altos de la estructura directiva profesional a personal no funcionario, no es el camino para reforzar la administración y el servicio público, ni para superar el actual desanimo del funcionariado de carrera, varado en una situación de estancamiento si no de deterioro de nuestro marco institucional. Hay y ha habido grandes profesionales no funcionarios que han entrado en la administración pública por su sentido de servicio a la sociedad, pero en un espacio de actuación «política» muy concreto. Un espacio delimitado claramente por sus funciones como representantes, reitero, políticos. Las reglas de juego que nos hemos dado los españoles establecen que son los ciudadanos quienes ejercen su derecho al voto, trasladan con ese voto unos juicios de valor a través de los representantes políticos electos y la administración profesional –la burocracia– ejecuta las políticas públicas de acuerdo con esos juicios de valor, en el marco de la Ley, con igualdad de trato a todos los ciudadanos y de forma no discriminatoria. La importancia de una administración profesional, conformada a partir de criterios de acceso por mérito y capacidad, independiente de los intereses y organizaciones políticas, es difícilmente refutable. Es bien sabido que muchos funcionarios han constituido históricamente la última frontera en la defensa de la ley y del Estado democrático de derecho en España. Recordemos aquellas palabras de Max Weber cuando definía a los funcionarios como líderes innovadores fieles al servicio público y a la virtud de la eficacia y señalaba que, por el contrario, los «funcionarios de partido» se sometían con relativa facilidad al líder político ante la expectativa de obtener para ellos mismos la esperada compensación. Esperemos que el legislador comprenda la importancia de detener definitivamente el proceso de deterioro mencionado, y que paralice la progresiva sustitución del funcionario de carrera, políticamente neutral, de forma que podamos evitar que la administración pública se convierta definitivamente en un aparato más de dominación política. SOBRE EL AUTOR Vicente j. montes gan es técnico comercial y economista del Estado