El futuro de los niños del crimen de Castro Urdiales: el de 13 años no puede ser juzgado y el mayor se enfrenta a 5 años de internamiento

Los hermanos menores de edad detenidos por el supuesto asesinato de su madre adoptiva en Castro Urdiales (Cantabria) recibirán unas medidas dispares por su edad, ya que el mayor y supuesto inductor de los hechos tiene 15 años y podría entrar en un centro de internamiento mientras el menor, de 13, es inimputable según la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Mientras el primero se podría enfrentar a una sentencia con internamiento en régimen cerrado durante hasta cinco años por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos (homicidio o asesinato), el menor seguirá bajo la custodia y tutela legal de su padre adoptivo y recibirá asistencia de los servicios sociales. «Si los menores han sido debidamente adoptados, el vínculo legal es exactamente el mismo que con hijos biológicos, por lo que a pesar de lo ocurrido sigue siendo responsabilidad del padre. Otra cosa es que los servicios del menor entiendan que hay carencias o necesidades que haya que atender en el niño y no se pueda en la vivienda familiar », explica el penalista Ignacio Sanz, del despacho Sanz Cabrejas. Noticia Relacionada estandar No La alcaldesa de Castro Urdiales afirma que los hijos de la mujer asesinada «no eran conflictivos», sino «académicamente excelentes» La regidora ha pedido respeto para la familia y amigos de la fallecida Mismo centro a los 18 En cuanto al hermano mayor, la legislación de menores prevé un internamiento similar al preventivo en el ámbito penal para adultos mientras avance la investigación de la Fiscalía de Menores y hasta que haya sentencia. En ese momento, y atendiendo a la gravedad de los hechos, es previsible que el juzgado dicte como castigo la medida de internamiento cerrado de larga duración. En estos casos, aunque el joven cumpla la mayoría de edad antes de que se emita la sentencia o durante el cumplimiento de la medida, tendrá que continuar en el centro hasta completar los años impuestos «salvo que los técnicos, por sus circunstancias personales, decidan que pase a un centro penitenciario de adultos», amplía Sanz. «Los años de internamiento se complementan, una vez cumplidos, con la medida de libertad vigilada si se detectan comportamientos que hay que corregir, como suele ocurrir en los casos de agresión sexual», explica Fernando Almendros, director del departamento de Derecho Penal de Agaz Abogados. «Si hay una jurisdicción encaminada a que el individuo vuelva a la sociedad, es la de menores. Para ellos no existen los antecedentes penales. Se habla de medidas y no de penas, porque su fin es corregir. Aunque cumpla la mayoría de edad, la ley que se le sigue aplicando es la del menor y las medidas, las que están previstas en ésta», recuerda Sanz. En cuanto al juicio, las diferencias respecto a los procesos contra adultos son «que no se admite el jurado popular y que el menor declara en presencia de sus tutores legales, sean sus padres o representantes de los servicios públicos», expone Almendros.