Amnistía en el aire y tractores hacia Ferraz

Inesperadamente, y en muy pocos días, la situación política ha cambiado claramente de signo. Ahora es el Gobierno de coalición el que se encuentra en serias dificultades mientras las derechas, la una y la otra, están a la ofensiva a la espera de que las elecciones gallegas no les agüen la fiesta. La trama orquestada entre jueces y fiscales, y muy probablemente apoyada desde ambientes del PP, ha asustado a Puigdemont y los suyos y la amnistía corre peligro. Mientras, la protesta agraria y ganadera no deja de crecer y, por vías naturales y por incitaciones de la ultraderecha, apunta contra el Gobierno. Que poco puede hacer para calmarla a corto plazo, salvo reprimirla si la cosa se sale de madre.

Una vez más en la reciente historia de España, los jueces conservadores han venido a suplir la ineficacia de la derecha política. En tiempos pasados eran los militares golpistas los encargados de ese tipo de tareas. Ahora, una trama judicial y de fiscales pacientemente armada ya desde la época en que gobernaba José María Aznar ha tomado la iniciativa para quebrar al Gobierno de izquierdas o, cuando menos, para dejarlo en una situación de grave debilidad.

Y ello sobre la base de un argumento tan insostenible como que el procés que Pedro Sánchez quiere amnistiar está trufado de terrorismo, un delito que no puede ser amnistiado. Es un invento que los juristas más respetados de nuestro país, incluso algunos muy conservadores, consideran impresentable y que seguramente quedaría en nada tras los correspondientes recursos que llegarían a los tribunales. Pero que no se sustanciarían sino tras muchos meses, incluso años, de vistas y más vistas. Es decir, cuando la amnistía dejara de tener los efectos políticos que el Gobierno pretende obtener en estos momentos.

El juez García Castellón desató esa ofensiva. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha dato el paso siguiente sancionando, por una mayoría aplastante, que la movilización de Tsunami Democratic en 2019 contra la sentencia del procés fue terrorista y que, por tanto, Carles Puigdemont, padrino de esa organización, también lo era.

No pocos magistrados y fiscales consideran que esa decisión es una “barbaridad” jurídica y algunos lo dicen abiertamente. Pero la cosa sigue hacia delante y aunque todavía se puede parar -el fiscal general del Estado, cada día más acosado, podría rechazar la interpretación, no vinculante, de la Junta- no cabe descartar que ya haya producido efectos políticos, o vaya a producirlos, del gusto de los conspiradores judiciales y de la derecha.

A las acusaciones de terrorismo se ha sumado últimamente otra espuria iniciativa de un juez instructor: la de que en vísperas del drama de 2017 los dirigentes del procés, y Puigdemont en particular, tuvieron relaciones con representantes del gobierno ruso, lo cual podría constituir, según el juez Aguirre, un deliro de alta traición, tampoco amnistiable.

Asustados por el riesgo de que esas acusaciones los dejaran fuera de la amnistía, hace diez días los dirigentes de Junts votaron en contra de la ley de amnistía propuesta por el PSOE en el Congreso. Y desde ese día se han dedicado a exigir a Pedro Sánchez que modifique la ley para arrumbar ese peligro. Les han contestado que no se puede hacer mucho sin entrar en el terreno de la inconstitucionalidad.

Mientras, ha avanzado la ofensiva judicial, que se ha trufado con el chusco episodio de Esteban González Pons que, para salir también él en la foto, declaró que el Tribunal Constitucional, llamado un día a no vetar la ley, era “el cáncer de nuestra democracia”. Y con la llegada a España, a instancias del PP, de la Comisión Venecia del Parlamento Europeo para investigar los procedimientos que se han seguido para elaborar la ley de amnistía cuando ésta aún no se ha aprobado. Es decir, para nada.

De paso, el Gobierno, presionado por la inquietud de Junts, anunciaba que iba a aprobar medidas para acortar los procedimientos judiciales, suscitando el rechazo no sólo de Sumar, por boca de Yolanda Díaz, sino de prestigiosos juristas progresistas. Hasta el punto de que parece que ya se ha decidido retirar de escena la iniciativa. Confirmando que también el gobierno está muy nervioso y empieza a hacer las cosas mal.

Por unos y otros motivos, la amnistía empieza a estar en el aire. No está dicho que no vaya a salir y que la ofensiva de la trama judicial y de la derecha pueda finalmente tener éxito. Todavía puede ocurrir lo contrario. Pero la hipótesis más pesimista empieza a barajarse con fuerza en ambientes del gobierno.

Y en esas llega la movilización del campo. Que crece cada día que pasa. Y que pretende terminar con una tractorada a las puertas de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. La ultraderecha, Vox, se ha volcado en apoyarla y las tradicionales consignas de este partido acompañan a las más propias de un campo postergado y en enormes dificultades.

La situación empieza a ser grave por los cortes de carreteras y porque los centros urbanos empiezan a tener problemas de suministro. Pero, sobre todo, porque el Gobierno de España tiene muy poca capacidad para atender a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que tienen directamente que ver con la política que ha venido decidiendo la Comisión Europea y que a partir de ahora podría empezar a cambiar pues no sólo está concitando el rechazo de los campesinos de todo el continente sino también reforzando las posibilidades de un éxito de la ultraderecha en las elecciones europeas de junio.