Varapalo al Fiscal General

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha rechazado, por una abrumadora mayoría, la propuesta del fiscal Álvaro Redondo que descartaba la existencia de indicios de terrorismo en los graves altercados que tuvieron lugar en Cataluña tras la sentencia del 'procés'. Doce fiscales frente a tres han visto indicios de acciones terroristas en Tsunami y once de los quince consideran que hay que investigar por esa causa a Carles Puigdemont, por lo que tendrá que ser el Alto Tribunal el que asuma el caso dada la condición de aforado del líder de Junts por su elección como eurodiputado. La rotundísima proporción del voto deja poco espacio a la duda y pone de manifiesto la independencia con la que se desempeña la Junta de Fiscales del Supremo, demostrando su autonomía con respecto a las presiones políticas. El pasado jueves, el presidente del Gobierno se permitió afirmar en público que el independentismo catalán no es terrorismo y que la ley de amnistía con la que se intenta retribuir el apoyo parlamentario de Junts servirá para exonerar a todos los implicados en el 'procés'. Que Pedro Sánchez se permita emitir juicios con tanta rotundidad sobre cuestiones que se encuentran pendientes de resolución en sede judicial sólo puede interpretarse como un acto intimidatorio. El Ministerio Fiscal es una institución jerarquizada donde las palabras del presidente adquieren la forma de una orden pública. No debe olvidarse que fue el propio Sánchez quien en 2019 alardeó abiertamente y entre risas de controlar la Fiscalía. Y lo hizo, precisamente, en referencia al propio Puigdemont. Aquellas impúdicas palabras, con las que entonces intentaba presumir de su compromiso para traer al líder independentista a España, pusieron de manifiesto la finalidad instrumental con la que Sánchez concibe la Fiscalía. Recordemos también que en su indisimulado esfuerzo por controlar el Ministerio Público, el presidente del Gobierno promovió el nombramiento de quien fue su ministra de Justicia a fiscal general del Estado. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ayer volvió a sugerir que ahora sería la Fiscalía General del Estado quien tendrá que fijar posición ante los informes discordantes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y segunda de García Ortiz, probablemente asumirá la redacción del informe definitivo. No será sencillo para el fiscal general del Estado satisfacer los intereses de un presidente del Gobierno cuyos objetivos personales dependen de forma directa del inestable ánimo de Puigdemont. García Ortiz ha dilapidado ya gran parte de su credibilidad profesional pero revertir una mayoría tan rotunda como la que ha expresado la Junta de Fiscales sería algo tan inédito como inútil. En última instancia será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que deberá decidir si imputa o no a Puigdemont por terrorismo. En el caso de que así lo haga, el horizonte de la amnistía quedaría severamente maltrecho ya que ni tan siquiera una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal serviría probablemente para frenar una investigación que en el Supremo debería comenzar de cero y ya como una 'causa especial'. Sánchez ha intentado colonizar la práctica totalidad de las instituciones del Estado pero, afortunadamente, todavía quedan funcionarios capaces de ejercer sus labores de forma independiente sin sucumbir a las presiones con las que el Gobierno intenta maniobrar para acomodar los intereses de sus socios. Es posible que, en esta ocasión, ni siquiera García Ortiz esté dispuesto a inmolarse por una causa que empieza a hacer agua por todos los lados.